ACCIONES. Santiago del Estero cuenta desde el año 2009 con un protocolo de acción en casos de violencia sexual y sus consecuencias.

ADEMAS

Gran hermetismo en torno al primer pedido de interrupción de embarazo en el Regional

Especialistas de la Dirección de Maternidad e Infancia, del Ministerio de Salud y Desarrollo y de la Dirección de Género de la provincia comenzarán la capacitación hasta fines de 2012, a los equipos de profesionales de 11 hospitales de Santiago del Estero, para la aplicación del Protocolo de Violencia Sexual que implica una asistencia integral a la víctima y la posibilidad de la aplicación de un kit de emergencia para prevenir contagio de HIV, enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado.

Según especificaron, cada centro de salud conformará un equipo que actuará en los casos de violencia sexual, atendiendo integralmente a la mujer y, de producirse un embarazo no deseado, se garantizará la asistencia y el respecto del derecho al aborto no punible, tal como lo indicó hace semanas, el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar, que en el año 2011 el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha un protocolo de actuación integral en casos de violencia sexual para prevenir, asistir y reparar.

En tanto, el protocolo de violencia sexual aprobado en nuestra provincia por resolución del Ministerio de Salud en el 2009 y luego incorporado en el cuerpo de la ley provincial 7032, ha sido tomado por la Nación como antecedente para su elaboración.

Miradas

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que autorizó la realización de abortos no punibles en los casos de violación, sigue generando polémica en las provincias.

Ayer, las autoridades de Tierra del Fuego y de La Rioja confirmaron que aplicarán el fallo que despenaliza y agiliza el aborto en estos casos.

Asimismo, la asesora letrada del gobierno pampeano, Daniela Vassia, definirá esta semana la postura que tomará la provincia ante el fallo de la Corte.

Por su parte, la Iglesia Católica renovó sus críticas al fallo, en el marco de una jornada nacional convocada por los obispos para rezar por la vida naciente y rechazar la despenalización legislativa de esa práctica.

Organizaciones antiabortistas buscan que las provincias se declaren ‘provida’ y juntaron firmas para un proyecto de ley por iniciativa popular de “protección integral de la familia” que contrasta con las propuestas de despenalizar.