La pelea histórica que José Alperovich mantiene con el gremio de La Bancaria y la ley que faculta al PE a sustituir los fondos de garantía de la Caja Popular de Ahorros por Letras del Tesoro Provincial en un monto de alrededor de 170 millones de pesos, ahondaron una serie de rivalidades políticas y movimientos en el seno del poder que en las últimas horas tendieron a amalgamarse en torno a una misma polémica.

Tras la renuncia de Eduardo El Eter a la intervención del órgano crediticio estatal, luego de ser denunciado penalmente por dirigentes bancarios al denunciar una supuesta malversación de fondos públicos, el elegido para ocupar el puesto vacante es el vicepresidente primero de la Legislatura, Armando Cortalezzi.

Sin embargo, lo que prendió las luces de alerta en la oposición fue el posible reemplazo en la banca (con fueron incluidos) por parte de Miguel Brito, quien afronta una investigación judicial por presuntas irregularidades en la repartición que estaba a su cargo, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, denuncia concretada por el radicalismo tucumano.

A todo ello, deben adicionarse las manifestaciones del propio Mandatario quien le pidió a los refractarios a su gestión que "no judicialicen la política", lo que desató nuevas objeciones.

En esta ocasión, el senador nacional de la UCR, José Cano remarcó que "aunque a Alperovich no le guste, vamos a seguir controlando y denunciando a su Gobierno", al tiempo de indicar que "si quiere que la política no se dirima en los Tribunales podría ayudar a terminar con la corrupción enquistada en el poder en su ya prolongada gestión al frente del Poder Ejecutivo".

Paralelamente, consideró que si Alperovich "tiene voluntad real de hacer las cosas como corresponde, debería evitar que Miguel Brito asuma como legislador y asegurar que se investigue a fondo lo que pasó con millones de pesos destinados a obras públicas que se perdieron en un agujero negro", aseguró.

Seguidamente, el parlamentario aseveró que el gobernador es un especialista en maniobras de distracción. "Ahora, instala otro juego perverso para desviar la atención. Hay una denuncia penal en contra de las autoridades salientes de la Caja Popular de Ahorros por haber autorizado el saqueo de los fondos para los seguros y, además, acaba de anunciar un nuevo anuncio de revalúo en el Impuesto Inmobiliario cercano al 25%. Es hora que Alperovich de explicaciones de lo que hizo con los dineros públicos durante casi una década o, por más que no quiera, tarde o temprano tendrá que ir a los Tribunales", lanzó Cano.

Un problema de fondo

En tanto, el legislador radical, Federico Romano Norri, calificó como un buen síntoma que la Cámara sea citada este lunes para dar licencia a Cortalezzi que asumirá funciones en el Poder Ejecutivo. "Quiere decir que el oficialismo está tomando nota de nuestros reclamos para que se cumplan la Constitución y las leyes. Observamos el irregular trámite dado cuando Marcelo Ditinis juró como secretario de Prensa y Difusión, y ahora nos están dando la razón implícitamente", estimó.

Sin embargo, el correligionario aclaró que lo que está en discusión es un problema más de fondo. "Desde la UCR venimos pidiendo explicaciones por la situación de las finanzas públicas. Se están subiendo los impuestos, se tomaron fondos de la Caja Popular de Ahorros y ahora deben cambiar autoridades en esa institución para tratar de controlar una situación que se le está yendo de las manos. Los tucumanos necesitan saber qué problemas enfrentamos en materia económica y financiera. No se trata de cambiar nombres, sino de revisar políticas", advirtió.

Quien demostró una actitud negativa para avalar la licencia a Cortalezzi, fue José Páez (Democracia Cristiana, DC) decisión adoptada luego de una reunión con la Junta Provincial partidaria en la que se expuso la queja reiterada en el sentido de que la convocatoria a sesión se realizó sin el cumplimiento de los plazos reglamentarios vigentes.

El parlamentario de la DC estimó que "el relevo del actual interventor (El Eter) fue sin conocerse los fundamentos de la renuncia". Seguidamente, apuntó que desde el comienzo de la gestión alperovista en 2003, la Caja Popular se encuentra intervenida por el Poder Ejecutivo Provincial, habiéndose sucedido hasta el momento cinco interventores y "pesan sobre la institución serias críticas del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre su administración, en particular la confección de los balances y rendiciones de cuentas anuales. Siendo urgente su normalización eligiendo el directorio".

Por último, Páez destacó que el tipo de operación autorizada en el convenio entre la Caja y el PE pone en serio riesgo su continuidad, "existiendo sospechas fundadas de que el Ejecutivo impulsará su privatización siguiendo el camino del Banco Provincia y del Banco Municipal", detalló.