Lo hicieron sin intermediarios. Justo entonces, un integrante de la Organización de Familias Criollas (OFC), vinculada con Fundapaz; aseguró falsamente que “el Gobierno rechazó las 90 carpetas que presentó Rojas”. Pero Ricardo Echenique, secretario del Interior y miembro de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo público que lleva adelante la regularización de las tierras en los lotes 14 y 55, desmintió diciendo que “ningún organismo del Estado rechazó los proyectos”.

El funcionario agregó, en ese entonces, que el principal impedimento que pueden encontrar los proyectos para conseguir su aprobación radica en la falta de títulos de propiedad de los solicitantes: “La ley de bosque dice que para pedir los fondos hay que tener titularidad de las tierras, cosa que no sucede en este caso”, dijo en la publicación del 25 de agosto.

El pedido de amparo presentado ante el Defensor del Pueblo pone en duda esa afirmación: “Los derechos sobre los recursos naturales no están condicionados a la existencia de un título formal de propiedad, ni a que se hayan realizado los procesos de delimitación o demarcación correspondientes, sino que existen aún sin actos estatales que los precisen. Dichos pueblos tienen derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación ancestral. Ello conlleva la aplicación de las garantías de propiedad sobre los recursos naturales a las comunidades que carezcan de un título real”, dice, citando el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la comunidad Mayagna Awas Tingni contra Nicaragua.