La empresa estatal se hará cargo de las áreas revertidas. Adelantó que operará de la misma manera que lo hizo con las áreas secundarias. Sin inversión y con centenares de pozos abandonados, los yacimientos hoy caducados facturaron el año pasado unos 100 millones de pesos al año. El diputado Contreras pidió que “el Estado tenga una participación de, por lo menos, un 25 o un 30 por ciento en la explotación”.
El propio Miguel Angel Ferro, presidente de la minera estatal, señaló la importancia que esto tiene y advirtió que no es un impedimento el hecho que sean yacimientos maduros o que hoy estén en baja producción.
Recordó que cuando la empresa se hizo cargo de las áreas secundarias, en el 2008, el ingreso fue de 200 mil pesos y el año pasado, los ingresos para la estatal, sin contar regalías, fueron de “unos 12 millones de pesos”.
Esto se logró no sólo con inversiones en exploración, sino también con la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de recuperación de pozos abandonados. Cabe recordar que días atrás el Ministerio de la Producción presentó a una empresa alemana con intenciones de invertir en la provincia, justamente en la aplicación de este tipo de tecnologías.
Según se estimó, por datos de la Secretaría de Energía de la Nación, las áreas revertidas tuvieron una producción durante 2011 de unos 62 mil m3 de petróleo (aproximadamente 380 mil barriles de petróleo), lo que implica, al precio interno actual, unos 100 millones de pesos. Cuentan además una reserva de aproximadamente 9.5 millones de barriles de crudo.
Desde el Gobierno dejaron en claro que el Estado ofrecerá las áreas a nuevas empresas interesadas, pero que se hará bajo la modalidad de asociatividad con Fomicruz. Dependerá del porcentual que ésta logre determinar, el nivel de apropiación de la renta petrolera que se obtenga de todas las áreas que sean revertidas o caducadas.
Al menos el 25%
El diputado provincial Rubén Contreras dijo ayer que a YPF hay que sacarle las áreas más importantes por su incumplimiento con el plan de inversiones en los últimos años. Y fue más allá en sus consideraciones, al mencionar que el Estado provincial debería ser socio de una futura compañía que explote las áreas revertidas. “Que el Estado tenga una participación de, por lo menos, un 25 o un 30 por ciento en la explotación”, pidió.
Contreras estuvo ayer reunido con el director zonal de Medio Ambiente, Omar Fernández, quien le afirmó que “está todo parado”.
“Las regalías se habrían duplicado si YPF hiciera las inversiones correspondientes”, dijo Contreras, por lo que planteó que “hay que exigirle entonces que cumpla con los contratos. De lo contrario, si fuera yo, les quitaría la mitad de las áreas”, expresó el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
Para Contreras se debe avanzar en las áreas más importantes, en “esas que están desde Las Heras hasta Perito Moreno, como La Cholita o Cañadón Escondido, las cuales son nuevas. Allí hacen alguna inversión porque saben que hay mucho petróleo. Hay que ver, de todas formas, cuál es la decisión que toma el Ejecutivo provincial”, dijo.
En ese sentido sostuvo que la transición de las áreas debe hacerse “rápidamente” y pidió que “el Instituto de Energía de Santa Cruz y el Ejecutivo se fijen bien a quiénes les van a dar los nuevos contratos”, señalando que “las empresas que vengan deben invertir más que YPF y tomar más gente todavía”.
A la Justicia
En un comunicado de prensa, YPF advirtió que irá a la Justicia, aunque sólo mencionó que lo hará por las áreas caducadas en Chubut. “Ante la decisión anunciada ayer por la provincia de Chubut de revertir unilateralmente dos áreas operadas por YPF (Escalante-El Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido) y luego de haber presentado en tiempo y forma su descargo, la compañía informa que emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas”, señala el comunicado.
“Tal y como se señala en la Fórmula de Descargo presentada por la compañía, YPF cumplió con las pautas de inversión establecidas en el artículo 31° de la Ley de Hidrocarburos para las áreas analizadas, ya que realizó las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos. En Chubut se evidencia un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde el año 2009, que asciende a 350 millones de dólares en 2011, lo que representa un incremento del 236% en ese periodo”.
Aseguró que “en las reservas probadas en yacimientos explotados por YPF, se observan excelentes resultados. En su última emisión de reservas en Chubut, se mostró un incremento del 18% respecto del año anterior y del 24% en el período 2007-2011. Los pozos terminados durante el año 2011 se incrementaron un 14% respecto del año anterior, y un 83% en relación con 2007”.
Finalmente advierte que “no están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a YPF y sus socios el normal desarrollo de sus actividades, según lo establecido en la ley de hidrocarburos y la Constitución Nacional”.
Moody’s rebajó nota
La agencia de calificación financiera Moody’s anunció ayer que bajaba en un escalón la nota a largo plazo de Repsol YPF como emisor de deuda: pasa de Baa1 a Baa2.
Según el comunicado de la agencia, la baja se debe al “marcado aumento en el nivel de endeudamiento y al deterioramiento de otras medidas financieras de Repsol en 2011, provocadas por unos resultados operativos menores de lo esperado y a un aumento significativo en los desembolsos requeridos para financiar inversiones clave de crecimiento”.
De acuerdo a la calificadora, los problemas en Libia y las huelgas en YPF fueron causantes de una “reducción significativa en los márgenes”. También apuntó contra el aumento de costos derivado de la inflación argentina y la suspensión de los subsidios contenidos en el programa Petróleo Plus.
YPF tuvo ventas por $ 63.500 millones en 2011, con unas ganancias antes de impuestos de $ 8.000 millones y $ 5.200 millones en utilidades para los accionistas. YPF considera que perdió US$ 170 millones por la quita de Petróleo Plus y US$ 240 millones por la huelga en Santa Cruz.
Si bien la agencia de calificación reconoce que los factores que debilitaron las cifras financieras de 2011 fueron coyunturales, advirtió que a la empresa le va a costar reducir su deuda en los próximos dos o tres años debido al programa de inversiones destinado a aumentar sus reservas.
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