La emisión monetaria descontrolada, el saqueo sistemático de las reservas del Banco Central y de los fondos previsionales de la Anses no alcanzan para sostener la estructura de un Estado que, por las políticas clientelares del kirchnerismo, se ha convertido en un enorme elefante blanco. Se trata de un animal con apetito voraz que, al escasear los recursos en las arcas públicas, ya no puede ser alimentado.

La realidad muestra que el Estado se quedó sin la plata necesaria para seguir subsidiando las tarifas, y para importar a precios internacionales -que difieren notablemente de los que se cobran en el mercado interno- los combustibles necesarios que permiten sostener un sistema energético que ya no puede autoabastecerse porque el menemismo, y el kirchnerismo, han permitido el saqueo sistemático y permanente de los recursos del subsuelo.

Daniel Scioli, pese a que busca mostrarse como un componedor que se diferencia de la habitual crispación K, tampoco puede mantenerse al margen de esta situación. Y también es responsable. Scioli es socio político del kirchnerismo desde hace una década y por eso aceptó mansamente, el año pasado, que el Gobierno nacional le transfiriera la concesión de la empresa Edelap, que de la noche a la mañana había dejado de pertenecer al grupo norteamericano AES para pasar a manos de un grupo empresario local.

El gobierno provincial avanzó con esta operatoria pese a que la empresa monopólica atravesaba por una situación de quiebra, con un pasivo millonario y al borde la cesación de pagos, tal como este medio lo anticipó en exclusiva en el año 2010. En otra palabras, el Estado bonaerense, que arrastra desde hace tiempo una crisis económica estructural que recién ahora es reconocida por sus funcionarios, de forma indirecta se terminó haciendo cargo de una privatizada que había saqueado y esquilmado la estructura heredada de la empresa estatal Segba.

El funcionamiento de Edelap sigue siendo tan deplorable que ni siquiera pudo cumplir con el pago de $ 19,8 millones correspondiente a una financiación de las facturas de energía que comercializa Cammesa, la administradora del mercado eléctrico que controla el Estado nacional.

Resulta evidente que el cambio en la jurisdicción de la concesión tenía el claro objetivo de avanzar con los aumentos en el servicio por la distribución del servicio eléctrico. Incremento de tarifas equivale a menos subsidios, es decir, significa trasladar el costo del ajuste a los usuarios residenciales. Por eso, los ciudadanos pagarán mucho más por un servicio que es igual, o peor, al que se brindaba hasta hace unos años.

Haber mantenido a las privatizadas eléctricas con tarifas subsidiadas por el Estado durante años significó que los niveles de inversión fuesen prácticamente nulos, lo que lleva a que, en pleno siglo XXI, la calidad del servicio sea mucho peor a la que se brindaba hace

50 años. Apagones, abruptos bajones de tensión que dañan seriamente los electrodomésticos y miles de usuarios que no encuentran respuestas a sus reclamos son moneda corriente en la región. Se llegó al absurdo de que, con los subsidios del Estado, se permitió que durante años abonaran tarifas irrisorias los bingos (que funcionan las 24 horas y recaudan la friolera suma de 5.000 millones por año con las tragamonedas) y hasta los countries. En proporción, estos sectores pagaron tarifas más baratas de lo que pagan los vecinos que no tienen acceso al gas natural y deben recurrir a artefactos eléctricos para calefaccionarse.

La realidad está mostrando que los más $75 mil millones anuales que paga el Estado en subsidios, que equivalen al 5% del Producto Bruto Interno nacional, constituyeron durante casi una década un gran negocio para un grupo de empresarios amigos del poder central, que vivieron a costa del Estado. Pero la fiesta se terminó y, en lugar de pagarla aquellos que se divirtieron con el jolgorio, el costo ahora corre por cuenta del conjunto de la sociedad.