Este tipo de hechos nos retrotrae a la Edad Media, a épocas anteriores a la modernidad cuando no existía la concepción de que, para evitar que rigiera la ley de la selva (donde solamente sobrevive el más fuerte), debía ser el Estado el que detentara el monopolio del uso de la fuerza y administrara justicia, sancionando con todo el peso de la ley a aquellos que alteraran el orden social con sus crímenes y delitos.

Luego de una década de kirchnerismo en el gobierno, tenemos un país donde la independencia de poderes que establece la Constitución no existe; numerosos jueces y fiscales son puestos a dedo o manejados a su antojo por el gobierno de turno. Por eso no hay un solo funcionario del Gobierno nacional preso, pese a los innumerables casos de corrupción que se registraron en los últimos años.

Eso no es todo: todos los días se conoce que, por diversos vericuetos legales, peligrosos asesinos y violadores son puestos en libertad, sin haber cumplido con la totalidad de la condena. Y en la gran mayoría de los casos vuelven a delinquir, mientras que casi siempre las consecuencias la terminan pagando ciudadanos inocentes, que son las víctimas de esa reincidencia.

En definitiva, son éstas algunas de las razones que llevan a que haya personas que no dudan a la hora de hacer justicia por mano propia. Pero nada es eterno. Y en algún momento, los responsables de administrar justicia de manera nefasta, junto a sus cómplices en el poder político a nivel nacional y provincial, tendrán que rendir cuentas por sus actos.

Deberán explicar, por ejemplo, cómo es posible que un personaje nefasto como el diputado provincial Raúl Pérez, que durante una década estuvo procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, desde hace años sea miembro del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de evaluar a los aspirantes para ocupar los cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en la provincia de Buenos Aires.

En los últimos años, desde las páginas de este diario se dio cuenta -con minuciosos detalles- de cómo se altera la orden de mérito de los aspirantes en las ternas que finalmente se elevan al Senado para su aprobación, en función de las influencias de los padrinos políticos que intervienen en las negociaciones, que siempre se realizan entre gallos y medianoche. Así, los concursos resultan ser fuegos de artificio, ya que la repartija de cargos en la Justicia se define de antemano, y ello implica marginar a todos aquellos que realmente están capacitados para administrar justicia.

El diario Hoy también informó, en absoluta soledad, cómo determinados jueces y la procuradora María del Carmen Falbo, en función de las presiones del poder político, archivaban o “ponían en el freezer” pesadas denuncias penales contra funcionarios públicos, intendentes y dirigentes del oficialismo. Lamentablemente, la situación tiende a empeorar y no se ve en el horizonte que exista una decisión política de introducir modificaciones para que haya una Justicia independiente.

Cuando la sociedad empieza a descreer de las instituciones, el país va camino a la anarquía, que siempre es el peor de los escenarios. Vivimos un presente complejo y difícil, pero siempre se está a tiempo de comenzar a escribir otra historia. Para ello se requiere que los funcionarios judiciales honestos, que honran su profesión y que no se dejan amedrentar por los poderes de turno, comiencen a tener la valentía de alzar la voz y empiecen a imponerse ante el avasallamiento de aquellos que buscan que reine la impunidad.