Desde el poder político se atacó, de manera artera, a la Corte Suprema por el simple hecho de que la mayoría de los que integran el máximo tribunal (no todos) se animaron a no actuar de acuerdo a las imposiciones de la Presidenta. Y ello derivó en una crisis institucional que nunca debería haberse registrado si en el seno de la administración K existiera un mínimo de razonabilidad y cordura.

El Gobierno nacional fue el propio artífice de su derrota. La Presidenta y su séquito de aplaudidores instaron a sus militantes rentados, que pululan por las redes sociales, para que salieran a plantear la idea del 7D, en alusión a que supuestamente a partir de hoy estaría allanado el camino para obligar al Grupo Clarín a desprenderse de una parte importante de su imperio mediático. Por el momento, se quedaron con las manos vacías, en un contexto donde poco queda del capital político obtenido con el 54% de los votos en las últimas elecciones presidenciales.

Los errores garrafales de los K muestran la improvisación que reina en un gobierno que carece de materia gris, de expertos y técnicos que puedan trazar estrategias y políticas efectivas en las más diversas áreas del Estado.

Los kirchneristas generaron ellos mismos tanta expectativa en torno a una simple medida cautelar que ni siquiera resuelve la cuestión de fondo del conflicto planteado por la ley de Medios, cuyo efecto buscado se le volvió rápidamente como un boomerang. Y esto se sumó a la lista de grandes papelones sufridos en los últimos meses, como la detención de la Fragata Libertad en Ghana y la rebelión de gendarmes y prefectos que se sublevaron porque se les liquidaron de forma incorrecta sus haberes.

El 7D llegó a su fin, y con ello dejó de existir esa pantalla que intentó poner el Gobierno para desviar la atención de la opinión pública, que nunca dejó engañarse. En definitiva, la pelea por la ley de Medios y el Gobierno es una disputa por negocios, mientras que la preocupación de la población pasa por temas mucho más complejos, como la inseguridad, la inflación y la falta de empleo genuino.

La historia de una separación

Corría el final del año 2007, Néstor Kirchner transitaba los últimos días de su presidencia y el diario Hoy alertaba, en absoluta soledad, las nefastas consecuencias de los negocios que se estaban tejiendo entre el Gobierno nacional y el Grupo Clarín.

Concretamente, Kirchner había estampado su firma para avalar la fusión de Cablevisión y Multicanal, otorgándole al holding mediático, que comanda Héctor Magnetto, el control casi absoluto de la TV por cable, un mercado con millones de clientes cautivos. Se terminó de afianzar así un oligopolio, al que se le sumaba el manejo de la fabricación de papel para diario (Papel Prensa) y las renovaciones automáticas, que también le había otorgado Kirchner, de numerosas licencias de radio y TV.

La alianza entre el grupo y el holding de Magnetto era tan fuerte que hasta Kirchner en persona se encargaba de organizar las primicias para Clarín. El matrimonio duró cinco años y entró en crisis cuando comenzaron a aparecer las diferencias en los negocios.

Muchos quisieron hacer creer que la causa de la pelea fue el conflicto con el campo, pero las razones hay que encontrarlas en el vil metal, en las negociaciones que no llegaron a buen puerto para renegociar la abultada deuda de Clarín con acreedores internacionales y en la intención de ciertos sectores kirchneristas de convertirse en accionistas del holding, es decir, ser socios de Magnetto.

En definitiva, fue el propio Gobierno K el que le dio casi todo el poder que hoy ostenta Clarín y, cuando sobrevino la pelea, impulso la ley de Medios para castigar a su exsocio. Pero repitió el esquema de beneficiar de manera discrecional, con la publicidad oficial, a los empresarios amigos (utilizando recursos que salen de los impuestos que paga el conjunto de la ciudadanía), que reflejan sin cambiar una coma el relato kirchnerista y las operaciones que emanan desde la Casa Rosada. Se creó una gigantesca red de medios oficiales y paraoficiales, que se sostienen con cientos de millones de pesos que salen de las arcas del Estado y que no mueven en lo más absoluto el amperímetro. Pero la ciudadanía ya dio su veredicto, decidió darles la espalda y elige otros medios para informarse.

Al mismo tiempo, los medios realmente independientes, que no forman parte de monopolios y que se niegan a ser serviles al poder político de turno, son severamente discriminados por el poder central. Es el precio que pagan por reflejar la realidad tal cual es, ante un gobierno que cada vez se vuelve más prepotente y autoritario