El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sancionó a funcionarios locales por irregularidades en la administración comunal, incluido el intendente Pulti. El informe data de hace meses, pero nadie ha dado espacio para su difusión. Según indica, no hay un solo papel en su sitio.
El tribunal evaluador está integrado por los vocales Héctor Bartolomé Giecco y Miguel Oscar Teilletchea, y por el presidente Eduardo Benjamín Grinberg, quienes han adherido al voto de sentencia del vocal preopinante, Gustavo Ernesto Fernández. Juntos representan al Tribunal de Cuentas de esta provincia, el órgano que debe garantizar que cada una de las instancias administrativas dependientes administre con trasparencia, no solamente los recursos que ha generado, sino además aquellos que lleguen por parte de la Provincia o la Nación.
En este caso, si bien el ejercicio evaluado corresponde al año 2009, el informe resultante ha llegado recién en mayo de 2011, y ha ocasionado multas y amonestaciones para cada uno de los funcionarios de la actual gestión, responsables de los actos administrativos incompletos o en desacuerdo con la normativa vigente. También fueron sancionados algunos que ya se encuentran fuera de la función política.
Lo cierto es que todos los medios de prensa se ocuparon de que este informe que llena 107 páginas -y detalla de manera exhaustiva cada uno de los errores cometidos- durmiera el sueño de los justos en el fondo de un cajón: jamás se publicó una línea.
Por supuesto que los cargos son graves, sobre todo para funcionarios cuyo único mérito demostrable consiste en conocer con eficiencia los canales para ejercer precisamente esa función: la de administrar correctamente unos fondos que ni siquiera están en obligación de conseguir.
El intendente Pulti es el mismo que en etapa previa a las últimas elecciones alcanzara a decir públicamente: “hay muy pocas razones para no elegirme”, como si con esto fuera suficiente para reinstalarlo en el sillón. Y lo fue.
Claro que hoy no pesan sobre él acusaciones penales, pero sí administrativas, y en aquel momento, el Tribunal de Cuentas ya lo había sancionado por todas las desprolijidades que le caben en el uso indebido de dinero. Indebido simplemente porque las cuentas no dan, no se ha pagado lo que se debía pagar. Y si se ha pagado, no se han presentado los papeles que lo prueban.
Pero por supuesto que el lector recorrerá los datos y dirá: estamos hablando de 2009, demasiado tarde. Es verdad. Pero esos son los tiempos de la supervisión, cuando todo llega demorado y mal. Porque una justicia que solicita documentación respaldatoria casi cuatro años después de los hechos, está por lo menos condenada a no ejercer como tal.
Claro que el Estado no ve nada. El Estado está siempre ocupado en ser novedoso e impactante. En generar la nota que lo lleve a la primera plana, donde uno nunca sale por hacer las cosas dentro de las pautas normales de la administración. La administración adecuada no le importa nadie. Porque la prensa corre en otra dirección, y los funcionarios del Estado van hacia donde corra la prensa: una carrera de éxito depende de los minutos de pantalla y no de los cuerpos de un archivo cuidadoso.
Bolsa de gatos
Para comenzar, el veredicto indica: “en razón de los incumplimientos, así como por la falta de ofrecimiento de información y/o aporte de elementos documentales que permitieran dilucidar las cuestiones planteadas, obstruyendo de tal modo la labor a desempeñar por este Honorable Organismo, conforme se señala en los considerandos (…) propongo la aplicación de las siguientes sanciones: multa de $4.950,00 al intendente Gustavo Arnaldo Pulti (…) ; de $1.650,00 al secretario de Economía y Hacienda Mariano Pérez Rojas (…); de $1.650,00 al director general de Recaudación Municipal Gabriel Esteban Ballarino; de $1.650,00 al secretario de Gobierno Ariel Ciano (…); de $2.000,00 al contador municipal Roberto Oscar Arango (…); de $1.650,00 al contador municipal José Luis Lago (…); de $1.650,00 al director general de Asuntos Judiciales Mariano Perticarari (…)”.
También se indica aplicar una amonestación al ex intendente Blas Aurelio Primo Aprile, al secretario de Economía y Hacienda Daniel Juan Brusca; al secretario de Economía y Hacienda Abel Oribe Valderrey; al secretario de Economía y Hacienda Pablo Federico Vittar Marteau; al secretario de Economía y Hacienda Sergio Fabián Fares; al secretario de Economía y Hacienda Gustavo Félix Schroeder; al director de Recursos Turísticos Gustavo Mario Larrieu; al director de Recursos Turísticos Sergio Edgardo Paleo; a la directora de Presupuesto de la Administración Central Emma Cristina Piuzzi; al presidente del Honorable Concejo Deliberante Marcelo Jorge Artime, y al secretario de la Oficina de Descentralización y Mejoras de la Administración Reynaldo José Cano. ¿Pero qué implica una amonestación? ¿Un tirón de orejas?
Por pronto resulta notable que administrar de manera ineficaz una enorme ciudad, escapar de la intendencia por los tejados, hacer que no alcance el presupuesto e inventar otro, pagar cuentas sin respaldo y generar un déficit inexplicable ocasione -al ser sometido a una evaluación de Hacienda- recibir un reto de la directora del colegio, a lo sumo una multa de $2.000, como la que le tocó a Aprile.
No deja de ser un negocio redondo, por eso todos quieren ser políticos. Dice el informe: “Se deja constancia que no brindan respuesta sobre el tema los siguientes funcionarios: Intendente Blas Aurelio Primo Aprile; secretarios de Economía y Hacienda: Daniel Juan Brusca, Abel Oribe Valderrey, Pablo Federico Vittar Marteau, Sergio Fabián Fares, Gustavo Félix Schoeder y los directores de Recursos Turísticos Mario Gustavo Larrieu y Sergio Edgardo Paleo”. Son los que ni se molestaron en hablar.
Pero en el periodo considerado, los recursos fueron calculados en $1.092.092.618,00, y la recaudación produjo $ 690.593.921,32. Independientemente, la municipalidad recibió $ 78.863.927,10 para cuentas de terceros, y $3.600.000,00 por otros ajustes. El total de ingresos fue de $773.057.848,42.
Pero la municipalidad gastó $ 704.605.839,56 con imputación al presupuesto, y el movimiento de fondos cerró con saldo de $ 40.560.846,86 al finalizar el ejercicio, aunque de todas formas hay muchos ítems con saldo negativo.
A pesar de todo, el Concejo Deliberante, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2010, aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2009, y mediante una ordenanza de idéntica fecha, procedió a la compensación de los excesos solicitados.
Todo llega
¿Cómo fue? El Tribunal de Cuentas procedió a evaluar cada uno de los cargos efectuados, y estableció que son los siguientes: incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, cuestiones de contabilidad, excesos en los gastos, desequilibrio financiero, irregularidades en los ingresos y egresos de fondos, cuestiones de impugnación, y reservas de ejercicios anteriores. Hubo gastos no autorizados, libranzas que jamás pasaron por el Concejo Deliberante, e irregularidades en el cierre de balance de varios entes autónomos. No se envió a la Provincia el reglamentario padrón de contribuyentes en la fecha indicada, lo cual está directamente relacionado con el cálculo de recaudaciones del partido.
También se registraron faltantes de folios en los archivos de decretos del Ejecutivo, ante lo cual el argumento esgrimido fue prácticamente infantil: dijeron que los decretos firmados fueron muchos, más de dos mil, es decir que los que faltan no son tantos. Apenas el 0,1%. Es como si dijeran: “señorita, justo me tomó el tema que no estudié”.
Los estados administrativos reglamentarios fueron presentados fuera de fecha, igual que las rendiciones de cuentas. Además hay irregularidades en la planta orgánica de personal presentada, en la cual solamente constan los cargos ocupados. La Provincia dijo que la información es incompleta, ante lo cual los funcionarios se defienden indicando que solamente han hecho ocupar los cargos que se comprobaban vacantes. ¿Cómo se explica entonces la diferencia de cincuenta cargos más que se puede verificar al cierre del ejercicio?
Por otro lado, hay diferencias en los saldos de ciertas cuentas, las cuales se vuelven graves toda vez que consisten en nada menos que un signo -positivo o negativo- que se ha quedado por el camino, y no permite determinar si el dinero está o forma parte del déficit.
Hay dinero que está mal imputado, y diferencias en los criterios de registración de los movimientos. Además de serios problemas con fondos que la Nación gira para ciertos entes descentralizados, ya que en algunos casos hay incongruencias en los pagos realizados, y en otros, la municipalidad no ha hecho las gestiones necesarias para la recuperación del dinero.
En todos los casos, los registros contables verificados están más cerca de los que son propios de un pequeño almacén de la esquina que los de una gran empresa, como debería ser la administración comunal. Se paga más o menos, se anota más o menos, y se cobra todo a la Nación. Eso sí: de las facturas de alumbrado y barrido no se salva nadie, siempre que figure en un padrón, que – por cierto- nadie ha visto.
En otros casos, se han registrado pagos sin que la correspondiente remesa llegue a la Nación o la Provincia, por lo que el dinero no se ha recuperado.
Similares irregularidades se registran en el tratamiento de la deuda flotante, más serias extralimitaciones en el uso de los créditos presupuestarios otorgados, lo cual es solamente parte de la explicación del serio desequilibrio financiero que enfrenta Mar del Plata.
Es decir que desde hace años están tirando manteca al techo. O lo que es peor, ni saben para dónde la están tirando. Lo cierto es que Pulti tiene razón: si todo esto se arregla con una multa de $5.000, hay muy pocas razones para no elegirlo. Ha de ser un genio.
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