La sombra del “caso Falo”, por el ex parlamentario delasotista que tuvo que renunciar a la banca en medio de un escándalo por emisión de cheques sin fondos, amenaza con erguirse nuevamente sobre el flamante bloque de legisladores del oficialismo.

Es que uno de sus miembros, el legislador peronista-kirchnerista por el departamento Tercero Arriba Fernando Salvi, está mencionado en una causa judicial que denunció su esposa, la reelegida intendenta de Villa Ascasubi, Zuly Fonseca.

A raíz del escándalo, la intendenta echó del municipio a quien era su secretario de Gobierno y luego formuló la denuncia penal que derivó en un cruce de acusaciones y en una investigación de proporciones.

La pesquisa por el presunto fraude con valores correspondientes a una chequera del municipio de Villa Ascasubi abarca a todo el departamento Tercero Arriba, indicaron fuentes judiciales. Es que hay damnificados en Villa Ascasubi, en Tancacha y en Río Tercero.

El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Ramognino, se negó a brindar información. No obstante, fuentes judiciales indicaron que la maniobra presuntamente estafatoria se habría iniciado hace tres o cuatro meses, con perjuicios a terceros por más de un millón de pesos.

Si bien la denunciante fue la intendenta Fonseca, en los tribunales de Río Tercero todos dicen que la investigación ya escudriña la propia responsabilidad de la mujer y de su marido, el flamante legislador.

En los últimos días, el fiscal recibió las declaraciones de dos gerentes bancarios: uno del Banco de Córdoba y el otro del Banco Nación, a cuyas entidades ya envió oficios para conocer quién firmó o libró varios de los cheques del municipio.

La denuncia de la jefa municipal atribuyó la responsabilidad sobre una chequera municipal a Gerardo Bandiera, ex secretario de Gobierno de Villa Ascasubi. Pero lo que sucedió con esa chequera no es lo único que estaría investigando Ramognino.

Una fuente ligada a la causa confió que se investigan también supuestas extracciones de dinero de cuentas bancarias oficiales, de parte de funcionarios municipales. Para corroborar esas sospechas, serán muy importantes los documentos que aporten los bancos mencionados.

Consultado al respecto, Salvi dijo: “Niego terminantemente tener relación con este caso que fue denunciado por mi propia esposa, la intendenta, con datos concretos acerca de la responsabilidad de quien era el secretario de Gobierno que fue echado del cargo”.

Salvi negó tener vinculaciones con el caso; dijo que era “un disparate” que se lo vinculara con las cuentas del municipio y que había “intereses políticos” en algunos de los testigos que lo vincularon. Si bien admitió que la chequera en cuestión era del municipio, dijo que ya se habían recuperado todos los cheques del circuito normal. “Esos (cheques) fueron evidentemente por un circuito que no es el municipal”, dijo Salvi.

Testigo clave. Miguel Campana es uno de los supuestos damnificados que aparecen en el ya voluminoso expediente. El martes último, Campana presentó una demanda civil en contra de la Municipalidad de Villa Ascasubi y de Diego Zambruno, una de las personas que aparecen sospechadas en la causa, que no sería empleado municipal sino allegado al matrimonio Salvi. Campana fue el primero que acudió al despacho del fiscal, declaró y arrimó varias pruebas. En diálogo con este diario, Campana aseguró tener pruebas de que su caso revela que la de la intendenta es “una falsa denuncia”, porque el cheque que tiene en su poder “no es un cheque robado ni extraviado”.

La supuesta defraudación que denuncia Campana involucraría varios cheques librados desde el municipio en los últimos meses y endosados, luego, por unos 20 mil pesos. Su trajín comenzó –dijo en sede judicial– cuando le cambió cheques “a Zambruno, que era una especie de proveedor del municipio”. Y agregó: “Después, esos mismos cheques fueron denunciados como robados”.