Una vez otorgado el código de descuento, el Estado se desentiende de su destino. Esto es especialmente peligroso en el caso de las mutuales, porque los sindicatos utilizan el sistema para el cobro de las cuotas gremiales de sus afiliados, que varía entre el 2% y 3%, según la entidad. sPero en el caso de las mutuales, el descuento mensual varía de acuerdo con el beneficio al que se acceda. Y ahí está uno de los puntos débiles del Estado: la falta de controles.
Las mutuales sí tienen la obligación de guardar por dos años toda la documentación referida a cada operación realizada por el empleado público que utiliza un determinado servicio. Y sólo si llegara a producirse un reclamo por alguna posible irregularidad, el Estado podría requerir la documentación pertinente a la mutual.
En la reglamentación del decreto 1299/06 está especificado en su artículo Nº 11 que “todo reclamo de los empleados, relativo a la aplicación de los descuentos, se canalizará a través de la entidad (mutual) generadora de los mismos”. Además, el convenio que firma el Estado con las mutuales también indica que el Gobierno no será pasible de ningún juicio por irregularidades de las mencionadas entidades.
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