Las fiscales Claudia Geria y María Luján Sodero, se encuentran a cargo de las fiscalías que comenzaron a funcionar desde el miércoles pasado, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.

Las dos fiscales tienen bajo su órbita el tratamiento de todas las denuncias vinculadas a los delitos de violencia familiar y de género. De esta manera, la Procuración concentra todos estos casos en dos fiscalías, con lo cual no sólo se asegura un mejor seguimiento de las causas penales, sino una completa asistencia legal y psicológica para la víctima.

Las dos fiscalías forman parte de un anuncio ya adelantado por el procurador, Pablo López Viñals a fines del año pasado. Sobre la labor al frente de estas nuevas fiscalías, Sodero y Geria remarcaron la firme decisión del procurador de combatir este flagelo, pero sin dejar de lado a la víctima.

En acción

Geria y Sodero explicaron que las fiscalías a cargo podrán entrar en acción a partir de la denuncia de las víctimas, aunque las mismas sean realizadas telefónicamente e incluso tampoco será necesario que asistan a la Ciudad Judicial, pues está contemplado el abordaje de cada caso a partir de un equipo técnico ambulatorio.

Estos equipos están conformados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales destinados a brindar contención, los que son dirigidos por auxiliares de fiscalías, quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de "in situ" disponer las medidas judiciales más acorde para cada caso.

Con el viejo régimen procesal, y ante cada denuncia de violencia familiar, las medidas de protección tendían solamente a disponer medidas restrictivas, como prohibir el acercamiento o implantar consignas policiales. Ahora, en tanto, lo que se busca es ir más a fondo. "Al intervenir desde el mismo hogar de la víctima, los equipos técnicos ambulatorios estarán en condiciones de evaluar y obtener un diagnóstico más completo de cada caso, y por ende se podrá disponer medidas, tanto legales como de contención, más eficaces", dijeron las fiscales.

A partir de la reforma del Código Procesal Penal, ahora las fiscales podrán, entre otras diligencias, disponer internaciones, medidas que antes requerían la sentencia de un juez. Situación que se aplica, por ejemplo, para caso de que algún integrante de la familia padezca alguna adicción que genere o sea el disparador de hechos violentos.

Visitas periódicas

Tras un primer abordaje del caso, y según lo informado por las fiscales, los equipos técnicos seguirán adelante con tratamiento hasta garantizar que la víctima no vuelva a ser objeto de agresiones, para lo cual está programado que se realicen visitas periódicas a las casas de las víctimas a fin de poder verificar no sólo el cumplimiento de las medidas legales dispuestas, sino el avance de una tarea resocializadora.

De esta manera, los equipos técnicos serán "como agentes sanitarios", pero que en estos casos servirán como garantía del cumplimiento de un completo diagrama de asistencia y contención, tanto para hechos de violencia familiar como de género.

Asimismo, explicaron las fiscales "existe en marcha un mayor cúmulo de acciones, entre ellas el trabajo coordinado con la Policía a fin de asegurarse, por ejemplo, que las citaciones lleguen a manos de la víctima y no a la de los mismos agresores, como sucede muchas veces, quienes las destruyen y evitan así que se siga adelante con el proceso penal en su contra".