El trámite se cumplió en la Justicia hace ya algunos meses y con la intención de que los representantes legales del Estado puedan tener acceso a la causa y participar de los movimientos que se producen en la instancia judicial. También, el Estado será parte de otras pesquisas judiciales que fueron iniciadas por distintos hechos de corrupción que se heredaron de la gestión del FCS.

Como informó El Ancasti, todavía persiste sin resolución la causa por las compras directas de Acción Social en el denominado “negocio del hambre”.

En 2003, cuando el gremialista Víctor Brandán se desempeñó durante nueve meses como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones (ese año hubo tres campañas proselitistas) y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera como diputado provincial.

Al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios. Y se determinó que un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado. Esto hizo crecer las sospechas de maniobras ilícitas.

La operación fue posible por el polémico decreto 1.544, firmado por el ex gobernador Oscar Castillo, por el cual había elevado a 350 mil pesos el monto para realizar compras directas.

Mucho tiempo debió pasar para que Víctor Brandán finalmente fuera indagado por la Justicia por las compras de directas de Acción Social. Es que en diciembre de 2003 el ex funcionario asumió como diputado provincial (2003-2007) y en su momento el FCS impidió el desafuero del legislador.

También, abogados de Fiscalía de Estado se constituyeron en querellante particular en otras causas, tal el caso del Megafraude de Desarrollo Social, que saltó a la luz por una investigación de El Ancasti en 2004.

Es que durante la corta gestión del ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, se financió con dinero del Estado provincial cursos de perfeccionamiento que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas. Hace pocos días, la causa tuvo algún movimiento por la resolución del juez José Carma que ordenó el inicio del juicio oral y público contra los ex funcionarios de Desarrollo Social, Córdoba Molas y Ariel Regina. La medida fue apelada por el fiscal Ezequiel Walther y por los abogados de los funcionarios.