Solicitó igual condena para Raúl Guglielminetti. Dijo que quedó probado el funcionamiento de un centro de tortura en la comisaría de Cipolletti y en la Delegación Neuquén de la Policía Federal. El fiscal Marcelo Grosso demostró la existencia de una asociación ilícita con el fin de ejercer un plan criminal ordenado por jefes de las fuerzas armadas.
Sin incluir la asociación ilícita, Grosso acusó por privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos a Hilarion de la Pas Sosa, quien era jefe de Sanidad del Batallón de Ingenieros (BING) 181; Jorge Molina Ezcurra, oficial de Inteligencia; Enrique Braulio Olea, jefe del BING 181; Miguel Ángel Quiñones, personal de Inteligencia de la Policía de Río Negro; Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada, y Sergio Adolfo San Martín, oficial de Inteligencia, para quienes exigió también penas de 24 años de cárcel.
En tanto, el ex comandante de la VI Brigada de Montaña José Ricardo Luera fue acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, aplicación de tormentos y asociación ilícita, y el pedido de condena fue de 20 años de prisión.
El fiscal federal requirió para Enrique Charles Casagrande, ex suboficial del Destacamento de Inteligencia, y Emilio Sacchitella, oficial de Gendarmería Nacional, una pena de 15 años de cárcel por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, aplicación de tormentos psíquicos y físicos aunque agregó la asociación ilícita para el primero de ellos.
Grosso exigió una pena de 10 años de cárcel por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos para Oscar Del Magro, oficial de la Policía de Río Negro; Jorge Gaetani, subteniente del BING 181; Julio Francisco Oviedo, suboficial de Inteligencia militar y Julio Villalobo, suboficial de la Comisaría 24 de Cipolletti.
El mismo pedido recayó también sobre Máximo Maldonado, quien se desempeñó como subjefe de Inteligencia, aunque en este caso Grosso sumó la asociación ilícita a la acusación.
Serapio del Carmen Barros, ex personal civil de inteligencia, fue acusado de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos, con un pedido de condena de 8 años, al igual que Saturnino Martínez, suboficial de la Comisaría 24 de Cipolletti, quien sólo fue imputado por el primero de los delitos. El fiscal pidió penas de 5 años de cárcel para Gerónimo Huircain, oficial de la Comisaría 24, y Desiderio Penchulef, jefe de la Comisaría de Cinco Saltos, a quienes acusó de privación ilegal de la libertad.
El juicio continuará el lunes 22 de octubre con los alegatos de las defensas.
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