La Justicia Federal con asiento en Rawson habilitó al fiscal federal Fernando Gelvez a que investigue de oficio el caso de la mujer a la que debieron practicarle un aborto no punible en Buenos Aires y que habría confesado que se embarazó mientras estuvo secuestrada para ser obligada a prostituirse en las ciudad de Puerto Madryn y Rawson. El caso que se trasformó en una noticia nacional por la posición que tuvo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, al hacer público el caso y propiciar que una jueza emita una orden de amparo para suspender el aborto, y trajo colateralmente la discusión sobre la situación de la trata de personas en la provincia del Chubut.

En conversación con El Diario, el fiscal Gelvez reconoció que se abrió una investigación de oficio a partir de la información que se publicó en los diarios nacionales y locales, aunque aclaró que todavía no se pueden tener muchos detalles porque la víctima está bajo protección legal y aún no pudo prestar declaración indagatoria tras el aborto que le practicaron tras las vueltas que dio el trámite jurídico.

“Por el momento y hasta que podamos tener la declaración de la víctima, es una investigación general, porque no podemos abocarnos al trabajo de campo sin datos concretos. Por ejemplo, no sabemos si en realidad fue captada por una red de trata en Chubut o en Buenos Aires, si pasó por Santa Cruz y de ahí a Chubut y acá fue desde donde se escapó; o si sólo estaba en una zona de tránsito”, declaró Gelvez sobre la diversidad de aspectos a conocer para definir por fin una estrategia de investigación para tratar de resolver el caso.

La versión de que la mujer era víctima de una red delictiva de estas características en Chubut surgió a partir de organizaciones no gubernamentales que asesoran a las mujeres una vez que logran escapar de la red de trata. Sin embargo, para la Justicia no es indicio de nada hasta que no puedan tener el testimonio de la víctima.

Igualmente, para la fiscalía federal este no es el primer caso de trata que investigan, y los resultados no son alentadores: “Actualmente fueron elevados a juicio dos casos, uno de José de San Martín y otro de la zona de Puerto Rawson; pero anteriormente trabajamos en un montón de hechos similares y no hemos tenido resultados”, dijo Gelvez.

Delito complejo

El fiscal Gelvez reconoció que desde el la Justicia faltan herramientas para tratar este tipo de casos que se emparentan con el crimen organizado, es decir, se desarrollan muchas veces con el amparo de políticos, jueces y policías que terminan siendo cómplices, liberando zonas y no ejecutando las reglas que penan el delito de trata. “La trata es un delito muy complejo, incluso muchas veces porque la víctima se niega a confesar y además hay todo un trasfondo cultural que tenemos que cambiar”, analizó el fiscal.

A Partir de su experiencia en estos casos, Gelvez asegura que hace falta un equipo interdisciplinario para que la Justicia pueda actuar. Con ese equipo, y al hacerse efectiva una orden de allanamiento, las posibles víctimas puedan ser atendidas por médicos y psicólogos que ayuden a no agravar el drama a la que ya están siendo sometidas para la explotación sexual. “Se ha avanzado mucho en talleres para agentes públicos, en la difusión de estos temas; pero todavía nos faltan herramientas para la atención inmediata de la víctima”, aseguró el funcionario judicial.

La cuestión cultural

A partir del 2008, cuando se incorporaron dos artículos al Código Penal para castigar particularmente este tipo de delito, la difusión del flagelo de trata ganó espacio en los medios de comunicación y la discusión pública lo que significó un gran avance en el país. “Pero no se trata sólo de cambiar las layes, sino también cambiar culturalmente”, dijo el fiscal Fernando Gelvez a El Diario.

El nudo de toda la cuestión y por el cual tanto insisten las organizaciones civiles contra la trata es que hay que entender que esta esclavitud con fines de explotación sexual existe porque hay una clientela que consume. “La gente tiene que tomar conciencia. A veces se naturaliza pensando que esto se practicó siempre y no se piensa que por ahí una persona que está ejerciendo la prostitución puede estar en un estado grave de vulnerabilidad o amenaza”, dijo el fiscal.

Aunque aun la fiscalía no pudo redondear una estrategia de investigación por falta de datos concretos, el caso de trata de personas que involucró a la provincia del Chubut será investigado a medida que la víctima, que ya cuenta no sólo con la protección judicial de la Ciudad de Buenos Aires sino también con organizaciones feministas, empiece a aportar datos específicos sobre cómo y dónde operaba la red que la mantuvo cautiva.