El conflicto en el municipio de San José continuó ayer con un nuevo escándalo. La intendenta Mónica Hernández había firmado el acta para reasumir en la conducción del municipio de San José cuando llegó una orden del fiscal, Marcelo González, por la que ordenó la detención. Hasta el cierre de esta edición, Hernández continuaba detenida. El concejal Rosario Marcial (FCS) quedó a cargo de la intendencia de San José.

Hernández llegó ayer al mediodía a la comuna de San José, dispuesta a asumir en el cargo del que había sido destituida hace casi un año atrás. Como aval llevaba una sentencia de la Corte de Justicia de la Provincia que declaró la nulidad de todo lo actuado por el Concejo Deliberante en diciembre del año pasado cuando la destituyó del cargo.

Según relataron testigos de ese momento, Hernández apenas había terminado de firmar el acta de traspaso de mando cuando llegó la plana mayor de la Policía departamental que le notifica la orden de detención. La detención estaba basada en el marco de las causas que investiga el fiscal de Santa María, Marcelo González, por supuesta malversación de los fondos de regalías mineras.

A partir de ese momento, el concejal Rosario Marcial (FCS), presidente del Concejo Deliberante, volvió a la conducción del cuerpo. Ayer, en declaraciones a Radio Ancasti, el concejal que estaba a cargo de la comuna, Pedro Lagoria, admitió que en las próximas horas volverá a sesionar el Concejo Deliberante para analizar si es posible avanzar con la destitución de Hernández. Para esta estrategia deberá contar con cuatro votos, sobre un total de 5 ediles, que es la mayoría calificada, según la sentencia de la Corte de Justicia.

Además, Lagoria confirmó que junto a sus funcionarios firmó ayer un pedido de intervención a la comuna de San José que envió a la presidenta de la Cámara de Senadores, Marta Grimaux de Blanco, para que sea tratado por la Legislatura.

Por su parte, el diputado Jorge Moreno consideró como "arbitraria" la actitud que asumió el fiscal porque fue detenida en el marco de una causa por la que ya había sido indagada.

El legislador, que se trasladó hasta Santa María, señaló que se vive una "situación de gravedad institucional que genera temor en la gente". Y agregó que existe "connivencia entre el fiscal, el juez de Santa María y abogados del foro local, situación que no debería pasar desapercibida para las autoridades del Poder Judicial.

Por último, adelantó que pedirá a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja que se constituya en el lugar para investigar los hechos ocurridos.