Schiaretti, que por entonces era secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, percibió 204.000 pesos de fondos provenientes de partidas presupuestarias que, por ley, debían asignarse a seguridad e inteligencia. De acuerdo con el último fallo de la Cámara Federal en este caso, todo aquel que cobró sobresueldos cometió un delito. Por eso, el fiscal pidió que se procesara a Schiaretti y a otros 17 ex funcionarios que hoy tienen falta de mérito.

El ideólogo de este sistema de pagos ilegales para mejorar sueldos fue, según el expediente, el propio Menem, que el año pasado fue procesado y está cada vez más cerca de enfrentar un tribunal oral. Ayer, la fiscalía pidió que los casos contra él y contra sus ex ministros Domingo Cavallo (Economía), Raúl Granillo Ocampo (Justicia), Oscar Camilión (Relaciones Exteriores) y otros seis funcionarios ?entre ellos, María Julia Alsogaray? sean elevados a juicio por el delito de peculado.

Fue en la misma resolución en la que reclamó el procesamiento de Schiaretti y le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, además, que citara a indagatoria al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy.

En cuanto a Schiaretti, Pollicita entendió que con la actual doctrina de la causa no hacen falta más pruebas: el propio gobernador informó, primero en sus declaraciones juradas y después a la Justicia, que había cobrado estos fondos extra.