El fiscal Ignacio Di Maggio pidió ayer que se investigue al intendente de Plottier, Andrés Perissini, por el supuesto delito de “abuso de autoridad en concurso real con uso de documento público falso”. La acusación tiene como base la compra de un par de camiones, una camioneta y motos por un valor aproximado al millón de pesos de parte del municipio, apenas asumida la actual administración.

El planteo del fiscal, elaborado con una celeridad poco habitual para denuncias contra funcionarios públicos, pone en jaque la gestión de Peressini que está acorralada por los graves problemas económicos debido al déficit que tiene y a las protestas de empleados porque cobran los sueldos atrasados.

La decisión final para que el pedido avance quedó en manos del juez Alfredo Elosu Larumbe, titular del Juzgado de Instrucción 6. El juez además deberá determinar si llama a declaración testimonial al intendente, a la presidenta del Concejo Deliberante, Graciela Suárez, y al secretario de Planificación y Coordinación Política de la comuna, Lucas Riquelme.

La investigación surgió a instancias de una denuncia de los concejales Rosario Ferreyra y Carlos Coggiola, de Nuevo Neuquén, el partido del ex intendente Sergio Gallia al que Peressini derrotó en las últimas elecciones y luego señaló como responsable del crítico estado de la comuna. Los ediles advirtieron que las compras de los rodados se hicieron en forma directa.

Hay dos aspectos que el fiscal cuestionó: que la compra se hizo sin autorización del Concejo Deliberante y que los decretos que las autorizaron tendrían firmas falsificadas.

Peressini adquirió “de modo contrario a las disposiciones legales vigentes que determinaban la obligatoriedad de seleccionar al contratista oferente mediante el sistema de contratación de la licitación pública, tal como lo establecen la Ley Provincial 2141 y la Carta Orgánica Municipal”, planteó el fiscal. “Al mismo tiempo, tenemos conocimiento de que algunas de las firmas que refrendan los decretos que autorizan la adquisición de los rodados en cuestión podrían haber sido falsificadas, utilizándose tales documentos para justificar administrativamente las operaciones comerciales”, agregó.

El monto de la operación objetada ascendió a 836.656 pesos. Los camiones se compraron para brindar el servicio de recolección de basura; la camioneta para llevar oficios judiciales desde Plottier hacia esta capital y brindar el servicio de transporte en la dirección de Deportes y Cultura; y las motos para la dirección de Tránsito.

En todos los casos, en los decretos se invocaron razones de necesidad y urgencia para concretar las operaciones.

Ayer, desde el entorno de Peressini afirmaron que no habían sido notificados de la resolución del fiscal, motivo por el que optaron por el silencio. De todos modos, trascendió del mismo ámbito que designaría al ex vocal del TSJ, Eduardo Badano, como uno de sus defensores, junto con la apoderada legal del municipio Ivana Vassellati.