El ex intendente de Centenario es juzgado por supuestas maniobras para apropiarse de fondos públicos. También pidieron cinco años para el ex secretario de Hacienda y penas más bajas para el resto de los imputados.
Se trata del juicio al ex jefe comunal y a 11 ex funcionarios que en el año 2002 comenzaron a ser investigados por arbitrar maniobras para apropiarse supuestamente de dineros públicos, invocando la necesidad de desocupados bajo planes sociales.
Al ex secretario de Hacienda, Roberto Contreras, también se le pidió la misma condena que a Castillo. Al resto, se le solicitaron penas por 4, 3 y 2 años de prisión. El ex director de Producción, Emilio Cimolai, fue absuelto por no haberse podido comprobar el delito imputado.
El miércoles 31 de octubre los jueces de la Cámara Criminal Primera, Mario Rodríguez Gómez y los subrogantes Darío Borbón y Marcelo Benavides, leerán la sentencia.
Alegatos
Ayer, se conocieron los alegatos de la fiscal y la defensa donde ésta última pidió la absolución de todos los imputados y la prescripción de la causa por insubsistencia de la acción penal, tras haber pasado más de 11 años sin una definición.
“No hay legitimidad para dictar una condena, detrás de esto hay una cuestión constitucional. Ha sido suficiente condena los 11 años de incertidumbre sobre este hecho”, dijo el abogado Gustavo Vitale, uno de los defensores que promovió la prescripción de la causa al inicio del debate.
La fiscal reiteró las acusaciones que encontró luego de un fino trabajo que hizo la instrucción en esa época y destacó el accionar de la Policía en la recolección de pruebas. Expresó que el ex intendente y sus ex funcionarios arbitraron maniobras delictivas bajos metodologías distintas.
En una lo hacían a través de los subsidios, invocando a falsos beneficiarios; en otras bajo la rendición de cajas chicas con tickets y facturas apócrifas; también bajo la prestación de servicios por parte de empresas y comerciantes que nunca realizaron tareas y, por último, en la adulteración de facturas para la emisión de cheques por montos mayores a los originales.
Defensa
Pero el trabajo de los defensores no cesó. Vitale expuso a los jueces la necesidad de que termine el juicio, debido a la entrada en vigencia el año que viene de la Ley 2784 que reforma el Código de Procedimiento Penal, donde se da un plazo de ultimación de la instrucción a 3 años.
Pero la fiscal desestimó el argumento y dijo que la nueva ley no será retroactiva a esta causa juzgada bajo la vieja ley. El debate continuó y Vitale tuvo la última palabra en un nuevo pedido de absoluciones.
Finochietti recalificó las imputaciones de peculado en “delito continuado” por varios hechos individuales a otros funcionarios. Los pedidos de condena fueron: Patricia Gutiérrez, ex secretaria de Gobierno, 4 años de prisión e inhabilitación; Carlos Iribarren, ex Jefe de la División Servicios Públicos se le pidieron 3 años de prisión e inhabilitación; Néstor Larrazábal, ex director de Compras, 3 años de prisión e inhabilitación.
Le siguieron Mario Rechioni era director de Acción Social y se le pidieron 3 años de prisión e inhabilitación permanente; Elvira Ascolese a cago de Acción Social, con tres años de prisión e inhabilitación.
Para Oscar Mendoza se pidieron 2 años de prisión en suspenso, sin inhabilitación porque no es funcionario; a Manuel Gómez también 2 años de prisión en suspenso, y Gonzalo Sandoval fue absuelto por la fiscal en un hecho y condenado en otro a 2 años de prisión, sin inhabilitación.
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