La semana pasada comenzó en Buenos Aires el juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa y otros ex funcionarios y ex legisladores por los supuestos sobornos pagados en 2000 a distintos senadores para aprobar la ley de flexibilización laboral, el caso conocido como "de la Banelco".
"Es irrazonable", dijo Nemer para todos los pedidos, excepto en el caso de Cristina Fernández, cuya aceptación fundó "en la publicidad del juicio, que es oral y público, y en la posibilidad de interrogarlos" a los convocados. Ahora los jueces deberán definir quiénes asisten a la audiencia y quiénes envían su testimonio por escrito.
En la lista de los que solicitaron no hacerlo de manera personal estaban, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, la embajadora ante el Reino Unido Alicia Castro, el gobernador de San Juan José Luis Gioja, los senadores Verna, Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero, los diputados Héctor Recalde, Jorge Yoma y Ricardo Gil Lavedra, el legislador porteño Aníbal Ibarra y el dirigente gremial Víctor De Gennaro. Nemer consideró que estas personas "deben ser convocados a prestar declaración testimonial", aunque el tribunal es el que debe resolver.
Ayer se realizó la segunda audiencia y declaró el ex secretario parlamentario de la UCR en el Senado, Mario Pontaquarto, el hombre que se arrepintió y denunció el que sería el caso de corrupción institucional más grande del nuevo siglo en el país. Desde el martes de la semana pasada, el TOF3 analiza la responsabilidad de De la Rúa, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando De Santibañes y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda y el ex secretario parlamentario, en la compra de votos que acabó, en abril de 2000, con la aprobación de la ley de Reforma Laboral.
En ese sentido, la puesta en el contexto histórico y político en el que sucedieron los hechos es fundamental para probar la versión de Pontaquarto. Gran parte de los tres centenares de testigos fueron citados para dar esa batalla, la de la contextualización. Por eso, algunos sectores involucrados en el caso destacan la importancia de que la mayoría de quienes formaron parte de la vida legislativa de aquellos años y experimentaron la puja por la reforma laboral, hoy muchos de ellos activos en la vida política del país, declaren personalmente
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