La medida tuvo en cuenta elementos jurídicos que lo involucrarían en las actividades presuntamente irregulares del contador Antonio Martín, principal acusado en la investigación de administración fraudulenta en perjuicio de la entidad.

El fiscal Ramón Alfonzo solicitó ayer que se agravara la acusación contra el contador público Antonio Martín y que se imputase al gerente general del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse), Jorge Acosta, debido a que habrían incurrido en maniobras irregulares con fondos de la entidad.

Por un lado, el funcionario judicial sostuvo que el ex responsable del área contable, administrativa y financiera habría cometido administración fraudulenta reiterada, por lo cual indicó que en el momento en que fuera citado a indagatoria, se lo haga por esta figura penal.

Cabe recordar que hasta el momento no fue convocado para cumplir con ese trámite en el Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación, sino que concurrió para notificarse de la concesión de la eximición de prisión, que fue fijada por el juez Miguel Ángel Moreno como caución real de $ 50.000.

Para el fiscal, Martín habría realizado transferencias electrónicas de dinero desde cuentas del Isspse a una que sería particular y estaría a su nombre, así como también hacia una concesionaria de automotores local por $ 80.000.

Otros movimientos bancarios que resultaban “sospechosos” para Alfonzo son los efectuados desde cuentas corrientes del instituto al hotel Esmeralda Palace y a la firma Ibero Cruceros.

En lo inherente a la situación de Acosta, el titular de la Fiscalía del Crimen de Cuarta Nominación consideró que el gerente general no habría desconocido que se produjeron situaciones financieras irregulares en los últimos años.

En ese sentido, se basó en la declaración espontánea de Martín -a través de un escrito presentado por la defensa del imputado-, en la que afirmaba que la forma de trabajo, el destino de los fondos y la rúbrica de documentos y balances eran realizados por Acosta y las autoridades del instituto.

Faltante de dinero

Una de ellas es la “de-saparición” de $ 35.000 en el ejercicio del año 2008, lo que no habría sido comunicado a los asociados.

Además, el gerente habría tenido conocimiento de que había pagarés de garantía por préstamos concedidos a los afiliados a la caja previsional que carecían del timbrado del impuesto a los sellos, pues no se lo habría abonado.

Sobre el particular, en la auditoría interna se habrían detectado que había 58 documentos de esa naturaleza, que fueron confeccionados en 2009, que se encontraban sin sellar, por lo que no se habría abonado el tributo a la Dirección de Rentas de la Provincia.l

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