Según lo revelado a la prensa por un vocero judicial, el debate oral y público se desarrollará a partir del 30 de julio en la Cámara Séptima del Crimen, cuyos integrantes, Víctor Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz, contarán con jurados populares.

En el expediente, que en agosto del 2003 llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el fiscal Matheu está acusado de haber recibido dos mil pesos que le prometió el abogado Carlos Morelli a cambio de que liberara a personas que habían sido detenidas en flagrancia e imputadas de encubrimiento.

Asimismo, al destituido fiscal también se le atribuye haber aceptado una oferta de unos mil pesos a cambio de disponer la devolución de un automóvil Fiat Palio cuyo secuestro había ordenado el propio representante del Ministerio Público.

Precisamente, en esta causa también están acusados los abogados Marcos Juárez y Morelli, el primero por recibir dinero y el segundo por entregarlo o prometerlo a cambio de la liberación de detenidos y de la entrega del citado vehículo.

En 2005 la jueza de Control Anticorrupción, Ana María Lucero Offredi, había solicitado la elevación a juicio de la causa, pero las defensas de los imputados apelaron y, tras ser confirmado por la Cámara de Acusación, el TSJ ratificó la decisión.

Paralelamente a las actuaciones judiciales que derivaron en el inminente comienzo del juicio, el abogado defensor del ex fiscal interpuso meses atrás un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia para conseguir que se revise su destitución.

Cuestionó en tal sentido la sentencia del Jury y planteó la inconstitucionalidad del artículo 154 de la Carta Magna provincial, que posibilita la remoción de un funcionario judicial aun “por supuesta comisión de delitos”, a diferencia del artículo 53 de la Constitución nacional, que exige “delito en el ejercicio de sus funciones”.