Con fuertes críticas al fiscal Julio Rivero, la defensa del jefe del bloque de concejales oficialistas, Gustavo Segre, presentó formalmente ayer su oposición a que el "escándalo de los criollitos" sea elevado a juicio. Según Jorge Valverde, abogado del concejal imputado por intento de fraude al Estado, Rivero no investigó a fondo y "se sacó la causa de encima" con una rapidez inusual.

Ahora, será el juzgado de Control de Daniel Muñoz el que deberá decidir si queda firme la elevación a juicio o si, por el contrario, el fiscal Rivero debe profundizar la investigación. Valverde adelantó que está dispuesto a llegar hasta la última instancia -puede ir a Casación a Córdoba- para evitar que Segre se siente en el banquillo de los acusados.

Para Valverde, en la causa no se ha recolectado ninguna prueba que comprometa a Segre en los delitos que se le imputan: defraudación a la administración pública en grado de tentativa agravada y uso de documento privado adulterado.

El caso se generó cuando un empleado de la Secretaría de Economía recibió una factura del bloque de Río Cuarto para Todos que le llamó la atención. Era una boleta por 312 pesos en criollitos, que se habrían consumido en una reunión de 9 concejales de la comisión de Gobierno. Cuando fue a comprobar a la panadería El Marqués si efectivamente se habían consumido criollitos por 312 pesos, el empleado descubrió que el duplicado de la factura decía 12 pesos. Hizo la denuncia judicial y el fiscal Rivero terminó imputando a Segre, como responsable último del manejo de la caja chica, y Verónica Abasolo, su secretaria, que manejaba el dinero del bloque.

Hace 10 días, el fiscal elevó la causa a juicio. Poco después, Segre anunció que pediría licencia en el Concejo pero sólo por tres semanas y con goce de haberes. Valverde manifestó ayer que él le aconsejó a su cliente seguir en el cargo porque rige el principio constitucional de inocencia. Además, el abogado planteó que, en realidad, es inconstitucional el artículo 143 de la Carta Orgánica, que establece que un concejal debe ser apartado sin goce de haberes cuando una causa en la que está implicado es elevada a juicio. "Pero él tomó otro camino", dijo.

Con respecto a la resolución de Rivero, que elevó el caso a juicio, Valverde cuestionó, por un lado, la celeridad con que se resolvió el caso, y además, el hecho de que el fiscal no le haya hecho lugar a una serie de pruebas que reclamó la defensa de Segre.

Infundada

" Creo que se trata de una resolución totalmente infundada. A mi criterio, no existe ningún elemento de prueba que amerite una elevación a juicio. Por el contrario, quedan muchas cosas que deberían haberse investigado pero que el fiscal decidió no hacer y creo que la causa es una urgencia que no ha explicado en el resolutorio"; manifestó Valverde.

Y agregó: "La causa ha sido resuelta en menos de 25 días, algo que no ocurre ni siquiera cuando hay presos en el proceso. Eso ha impedido que el fiscal haga una investigación como corresponde, que haya analizado todas las probabilidades y los posibles modos de comisión del hecho. Además, tampoco definió quién o quiénes son los verdaderos responsables. No existe un solo elemento que demuestre la responsabilidad de Segre en este asunto", indicó el defensor del concejal.

Valverde cuestionó además que Rivero haya acusado a Segre de usar un documento adulterado sin siquiera tratar de establecer quién falseó la factura y con qué fin lo hizo. "Se nos ha negado receptar la prueba que habíamos ofrecido. El fiscal nos contestó que no le ha hecho lugar porque demandaría muchísimo tiempo y debería citarse a un sinnúmero de personas. Es decir, él mismo está adelantando otras posibilidades", dijo el abogado.

Para Valverde, la única razón para el apuro que le adjudica a Rivero es que "trató de sacarse la causa de encima".

"No le ha importado qué ocurrió ni cómo fue. Inculpó a Segre sin saber qué pasó", declaró el abogado.