Además, brindó un minucioso informe sobre la gestión de las Unidades Fiscales de Delitos Económicos contra la Administración y la Fe Pública, con el fin de divulgar la tarea de esas dependencias desde su creación en el año 1999. “SE LOGRARON ESCLARECER NUMEROSOS ILÍCITOS” En un documento de más de 50 páginas, el Fiscal General indicó que “en la década en análisis, se lograron esclarecer numerosos ilícitos, en cuyas causas resultaron procesados y condenados funcionarios públicos, profesionales de diversas actividades, entre ellos abogados, escribanos, contadores públicos nacionales, martilleros y corredores públicos, gestores y administradores de propiedad horizontal”. Del detallado texto surge la labor de investigaciones que se han generado en torno a la persecución de delitos conocidos como de “guante blanco”, para lo cual se conformaron equipos especializados de trabajo, que requieren una intervención diferenciada con relación a los delitos contra la propiedad o las personas. Fernández Garello recordó los conceptos vertidos por el Dr. Pablo Poggetto, ex Fiscal de grado de la Unidad Funcional de Instrucción Juicio y Ejecución n°9 de Delitos Económicos, contra la Administración Pública y la Fé Pública, y actual Magistrado de la Cámara Penal de Garantías Departamental, al elevar un informe de gestión a la Fiscalía General. Poggetto precisó que “en ocho años se dictó el procesamiento de más de mil personas, y se requirieron a debate un total de casi novecientas investigaciones penales. Desde su creación hasta la fecha han ingresado por ante la dependencia a mi cargo un total de 12 mil investigaciones penales”. “EL CAMBIO DE PARADIGMA FUE IMPLEMENTAR FISCALÍAS QUE PERSIGUIERAN ILICITOS DE GUANTE BLANCO” Por su parte, el Dr. Fernández Garello manifestó: “Del total de causas ingresadas, un número considerable ha concluido por virtud del instituto de suspensión de juicio a prueba o por juicio abreviado, que no implica otra cosa -en la mayoría de los supuestos- que el imputado se hiciera cargo de una composición económica justa a favor de la víctima a través del mecanismo de la Mediación Penal, brindando una solución a la misma y cumpliendo de este modo un rol de restablecimiento del bien jurídico lesionado por medio de la composición y compensación. Quizás el ciudadano no advierta que estos mecanismos precedentemente señalados también constituyen modos de actuar del Ministerio Público y presentan diferentes soluciones pero que en ningún modo significan que el ilícito perpetrado quede impune”. Y subrayó que “el cambio de paradigma como fue implementar Fiscalías que persiguieran los ilícitos que se consideraban `de guante blanco´, significó una transformación cualitativa, donde no pocos presagiaban imposibilidad y frustración”. “POR CADA DOS ABOGADOS INVESTIGADOS, UNO HA RESUELTADO CONDENADO” Además, el Fiscal General explicó que “nos llamó la atención el crecimiento que se había producido de investigaciones en las que resultaban imputados abogados de la matrícula, motivo por el cual decidimos informar a través de este capítulo un período de dos años más, es decir 1999/2011 respecto de los mismos. Con tal vía de análisis establecimos que en el período 1999/2009 sobre un total de 42 abogados investigados se registraron 12 condenas por debate oral, 6 condenas mediante Juicios Abreviados y 8 Suspensiones de Juicio a Prueba; en tanto que con el solo agregado de dos años más, es decir, en el período abarcado entre 1999/2011 la cifra total de abogados investigados ascendió a un total de 58, resultando 15 condenados en debate oral, 6 condenados mediante juicio Abreviado y 10 con Suspensión de Juicio a Prueba”. “Como se observa, la eficacia investigativa de ambas Fiscalías se puede notar a través de la siguiente conclusión: por cada dos abogados investigados, uno ha resultado condenado. Es decir que sobre lo investigado, el cincuenta por ciento ha tenido destino condenatorio o ha concluido por las formas alternativas previstas por las normas procesales y penales aplicables. Cuando todavía se escucha a los críticos de la reforma penal decir que no existe en la Justicia más de un 3 ó 4 por ciento de condenados, se nota claramente que manifestaciones de ese tipo son esquemas generalizadores que no tienen en cuenta estadísticas o circunstancias como las que se exponen en esta memoria”, destacó. “NO EXISTE UNA ADECUADA EQUIVALENCIA ENTRE EL ENORME DAÑO QUE PRODUCEN ESTOS DELITOS Y LA LEVE SANCIÓN” Asimismo, Fernández Garello afirmó que “otra circunstancia que no debe soslayarse en su análisis, lo constituye la escasa o nula colaboración que en algunos casos brindan las propias víctimas para el esclarecimiento de algunos de los ilícitos abarcados por esta temática, tal el caso -entre múltiples supuestos- de las Entidades Bancarias, que al momento de requerirse la ayuda necesaria, administrativamente esgrimen innumerables trabas burocráticas amparándose en la normativa emanada del Banco Central de la República Argentina”. En ese sentido, sentenció que “la legislación vigente en materia penal y determinados institutos procesales, (penas sumamente leves, prescripciones cortas, excarcelación extraordinaria y otros beneficios fácilmente otorgables) condicionan también los efectos y resultados de la persecución criminal que pueda realizarse, circunstancia que repercute negativamente en nuestra sociedad, al observar que no existe una adecuada equivalencia entre el enorme daño que generalmente producen los autores de los ilícitos en cuestión y la leve sanción que reciben por su conducta disvaliosa”. Fernández Garello estimó que “debería contemplarse la posibilidad de sancionar leyes penales que contengan elementos de tipo subjetivo agravantes de manera diferenciada, por ejemplo, por la sola condición de profesional universitario que posea la persona que comete determinados delitos. Así, mayor pena debería imponérseles por el compromiso que han adquirido con la sociedad, a aquellos profesionales que con mayores conocimientos jurídicos, contables o registrales, poseen una superior comprensión del comportamiento ilícito, importando consecuentemente mayor responsabilidad y ausencia de eximentes. En este plano de imputación más rigurosa, también debieran ubicarse aquellos individuos que por su actividad y sin que sean funcionarios públicos, administran fondos de terceros de innegable contenido social. No debemos olvidar en apoyo de estas consideraciones, que a través de sucesivas reformas legislativas, se han endurecido penas para delitos contra las personas y contra la propiedad -entre otros-“. “No obstante, no se ha seguido idéntica política legislativa respecto de los delitos económicos, contra la administración pública y la fe pública, los que mantienen –en líneas generales- bajas penas, posibilitando a sus autores contar fácilmente con alguno de los múltiples beneficios que la legislación vigente habilita a su favor, circunstancia que genera en la comunidad una creciente preocupación y rechazo, por la sensación de impunidad o escasa sanción punitiva para los responsables de los delitos referidos. Estamos convencidos que se ha hecho mucho, en la misma proporción de lo que resta por hacer, pero de lo que estamos absolutamente seguros es que el rumbo que nos propusimos hace una década atrás, rindió los frutos esperados”, dijo. “El esfuerzo realizado en estas Unidades Funcionales, se ha llevado a cabo por los Fiscales, funcionarios y empleados de este Ministerio Público a quienes se les ha confiado este compromiso, cumpliendo sus tareas con escasos recursos técnicos de investigación, y sin poder contar aun con la puesta en funcionamiento de la policía judicial, instituto que sin lugar a dudas sería muy valioso, no solo para la investigación de estos delitos, sino para todos en general”, aseveró el Dr. Fernández Garello y finalizó diciendo “las Fiscalías 9 y 10, al abocarse con exclusividad a la investigación de los delitos propios de su competencia, han logrado una importante capacitación y experiencia, situación que sin duda alguna posibilitó la obtención de los resultados a los que hemos hecho referencia. Nuestro reconocimiento entonces a todos los integrantes de este Ministerio Público Fiscal”