El fiscal general de Cámaras del Departamento Judicial de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, señaló que "en casi tres años, desde que el Poder Judicial de la provincia tomó a su cargo la investigación y juzgamiento de causas por tenencia de droga con fines de comercialización, se han registrado más de 200 condenas".

Así lo expuso al realizar un balance sobre este tema. También, destacó que "algo muy importante sería que los jóvenes, sus familias y hasta las dueños de boliches bailables colaboren en esta guerra contra la droga, poniendo en evidencia a quien comercializa estupefacientes en esos lugares".

Y como sugerencia planteó que "dado el alto grado de efectividad en la detección de casos de drogas que hemos tenido con las llamadas al 911- muchas anónimas o con reserva de identidad-, habría que establecer un 911, pero en comunicación directa con un equipo sanitarista, para atender el efecto más nocivo de este flagelo: las adicciones".

Fernández Garello, tras señalar que "la Fiscalía que se ocupa de esta materia presenta una agenda de juicios bastante congestionada", resaltó que "desde el Ministerio Público en estos tres años fuimos trabajando en casos que se registraban en la periferia. Pero con el transcurso del tiempo avanzamos hacia el centro de la ciudad".

Casi todas son "denuncias reales"

Con respecto a las denuncias que la gente realiza llamando al 911, Fernández Garello dio a conocer que "podemos afirmar que más del 95 por ciento de las denuncias que se realizaron por este medio, han derivado en allanamientos en los que se ha secuestrado algún tipo de estupefaciente".

Seguidamente, respondió que "sería conveniente, dado que así lo expone la nueva Ley de Drogas que fue presentada al Congreso de la Nación, que se atendiera la problemática sanitaria que genera el consumo de estas sustancias". Fue en ese contexto que planteó la necesidad de "disponer de un 911 ó un 0800 -aunque este último es menos fácil de recordar- para que cualquier persona pueda llamar y comunicarse con un equipo sanitarista que atienda casos de adicciones".

Aclaró que para esa finalidad tanto la Provincia como la Nación "tendrían que sumar recursos" para una infraestructura sanitaria y recursos humanos variados en condiciones de atender cuestiones tales como el síndrome de abstinencia y otras ligadas al consumo de estupefacientes.

Después, enfatizó que "independientemente del esfuerzo que realice el Estado, la sociedad en su conjunto debe declararle la guerra a la droga, con hechos concretos y conductas proactivas. Así, los jóvenes que van a bailar deberían señalar los lugares donde hay comercialización, no concurrir a ellos y sus dueños aplicar el derecho de exclusión a los que realizan este negocio en sus locales".