De ese modo el fiscal salió al cruce del comunicado difundido por la Corte chaqueña, donde se afirmaba que si las acciones contra los jueces no habían tenido tramitación fue porque el fiscal no había efectuado el pago del correspondiente aporte a la Caja Forense, un requisito para el inicio de causas en la justicia.

“Eso es falso, a la Fiscalía de Estado nunca se le exige el pago de ese aporte. Pero ese tampoco es el fondo de la cuestión. Lo concreto es que ellos (por los ministros del STJ) no tienen que ocuparse de nada que tenga que ver con estos expedientes, porque no pueden ser juez y parte. Lo que tienen que hacer es dedicarse a la conformación de un nuevo tribunal que resuelva las acciones presentadas”, dijo Aguirre Hayes a NORTE.

“Buscan influir”

El fiscal dijo que de todos modos se cumplió con el pago a la Caja Forense “para no hacerles el juego de quedar detenidos en un chicaneo sobre este tema. Lo concreto es que ellos no tienen que tocar estos expedientes. Los tres jueces denunciados no pueden ocuparse de las acciones, y en cuanto a los otros dos, están recusados. No pueden paralizar las causas, porque eso es actuar en un tema en el que no pueden actuar”, planteó.

Las acciones están dirigidas contra el actual presidente del STJ, Rolando Toledo, y los jueces Ramón Avalos y Ricardo Franco, por haber sido designados sin los concursos de antecedentes y oposición que la Constitución estableció a partir de 1994 para cubrir cargos en la magistratura provincial.

Los otros dos integrantes del Superior Tribunal no están cuestionados porque fueron designados con anterioridad a la reforma constitucional, pero sí fueron recusados. Ellos son Alberto Modi y María Luisa Lucas.

Aguirre Hayes sostuvo que con el informe brindado a la prensa, los jueces “no hacen más que evidenciar el interés de ese tribunal en frenar el trámite todo lo posible. Como decimos los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba”.

“Si hacen esto es porque se sienten impunes. Están dilatando el proceso de integración del tribunal que tiene que ocuparse de esto. Luego vendrá seguramente el intento de influir en quienes tengan a su cargo las decisiones”, afirmó.

El fiscal dijo que el episodio le hizo recordar “a declaraciones que hizo la abogada Susana Pachecoy cuando como integrante del Superior Tribunal ad hoc que tenía que resolver un reclamo salarial de los empleados judiciales, dijo que se notaban los manejos del Superior Tribunal para mantener indirectamente el manejo del expediente y de la sentencia. Con este hecho nuevo, que es un absurdo total, se vuelve a hacer evidente ese estilo”, dijo.