El jueves se conocieron las amenazas vertidas por las CGT regionales de provincias vecinas que anticiparon boicot y bloqueos a productos mendocinos si continúa vigente la suspensión del decreto presidencial de extensión de la promoción industrial. La noticia, como reflejó nuestro diario, tuvo una amplia repercusión.

Este viernes la Fiscalía de Estado de Mendoza presentó ante la justicia penal una formal denuncia por "amenaza coactiva agravada" contra aquellas centrales obreras.

El organismo que encabeza Joaquín de Rosas entiende que, de concretarse las medidas de fuerza anunciadas se estarían afectando la economía de Mendoza y los fondos públicos mendocinos, por los que la Fiscalía debe velar institucionalmente.

El anuncio surgió tras un cónclave de los secretarios generales de las CGT de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca que salieron a reclamar la inmediata aplicación del decreto presidencial 699 actualmente suspendido por los recursos de amparo presentados por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

Los líderes sindicales amenazaron boicotear productos originarios de Mendoza si no entra en plena vigencia el régimen que beneficia a sus provincias.