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La Justicia no ordenó medida por error formal en la denuncia

Recuperaron 127.000 ha del Estado

La Fiscalía de Estado comenzó ayer a hacer sus averiguaciones, tanto el Poder Judicial como en otros organismos, para establecer si los campos que aparecen en medio de una disputa entre particulares en realidad son propiedad de la provincia.

A partir de la publicación de EL LIBERAL de las presuntas maniobras fraudulentas es que el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, dispuso que personal a su cargo iniciara un trabajo tendiente a develar si el Estado santiagueño es el damnificado en ellas.

Por un lado, una abogada visitó ayer a la fiscal María Eugenia Carabajal y al juez Ramón Tarchini Saavedra, para interiorizarse sobre la denuncia que habían presentado dos letrados locales en nombre de un empresario de Buenos Aires.

Éste adujo que un productor cordobés había usurpado 3.000 hectáreas que él había adquirido, el año pasado, en paraje San Ramón (departamento Pellegrini).

Además, Fiscalía peticionó informes a la Dirección de Tierras sobre 4.200 hectáreas que aparecen en medio del conflicto, para establecer quién es el verdadero propietario de las mismas.

A partir de contar con esa información fundamental, es que ser decidirán los pasos a seguir y si dicho organismo se constituye como parte en el proceso que, por ahora, está en sus inicios en el Juzgado del Crimen de Segunda Nominación. Una vez subsanados los errores formales, se peticionarán informes y se citará a declarar a los testigos.

Maniobras repetidas

En diálogo con EL LIBERAL, Abate reconoció que ‘a veces, la gente que viene a comprar un campo no utiliza los procedimientos correctos para este tipo de inversiones inmobiliarias importantes’.

Luego, agregó que ‘se repiten los modus operandi hasta que desarticulamos alguna de estas intentonas. Entonces se van utilizando otro tipo de falsificaciones o se confeccionan títulos de otra forma. El ingenio delictual utiliza artimañas para engañar a la gente para usurpar tierras del Estado’.

Asimismo, admitió que detectar este tipo de maniobras defraudatorias no es sencillo. ‘El que inicia un tipo de esta acción delictual va borrando los antecedentes reales que acreditan la titularidad de una propiedad. Se hace desaparecer la documentación original y real por una apócrifa’.

Finalmente, abogó: ‘Tendríamos que trabajar de manera mancomunada no sólo los órganos de gobierno, sino también los colegios de profesionales como agrimensores y escribanos para que colaboren para que estas acciones delictivas no se concreten’.

La mayoría de los reclamos para recuperar la propiedad del Estado se canalizan por la Justicia Civil.l