El pedido de elevación se concretó ayer por la mañana, según confirmó una empleada de la Fiscalía Federal que conduce Marta Fernández de Odasso. Este pedido puede ser apelado por las partes involucradas. Cuando esas apelaciones hayan sido resueltas y si no hay otro obstáculo, el caso estará en condiciones de pasar a la etapa subsiguiente: el juicio oral y público. Para ello, Zabala deberá determinar que está todo en orden y que ya se cumplieron todos los pasos previos.

Cuando lo haga, enviará todas las carpetas al Tribunal Oral Federal para que allí le pongan fecha a las audiencias del juicio.

El caso comenzó cinco años, cuando los entonces concejales del Fregen Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal denunciaron que habían detectado una notable diferencia entre los recorridos que realizaban los colectivos de Santa Rosa -en esa época en manos de la empresa El Indio- y el número que informaban a Nación para cobrar el subsidio al gasoil que otorgaba la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Esa diferencia de kilómetros perjudicaba al Estado nacional, que otorgaba un monto acorde a un valor que estaba sobredimensionado.

Por ese motivo, el ex intendente Néstor Alcala y su entonces secretario de Hacienda, Jaime Sterin, fueron procesados por defraudación contra el Estado Nacional. El caso tuvo otros dos procesados: Carlos Diego Osorio, titular la firma El Indio, y Arturo Ripa, ex director municipal de Servicios Públicos. Ambos fallecieron hace unos años.

Para la justicia, si esta defraudación existió fue porque hubo dos partes que trabajaron en sintonía: quienes adulteraron los kilómetros que cada día recorrían los colectivos urbanos, y quienes no detectaron, o por algún motivo evitaron hacerlo, esa falsificación.

Ardid.

Cuando Zabala procesó a Alcala, Sterin y Ripa, el 28 de diciembre de 2009, dijo que "medió un acuerdo" entre ellos tres y Osorio, para "desplegar una maniobra ardidosa" que "causó un perjuicio económico al Estado Nacional" y le permitió a éste último cobrar más subsidios de los debidos por el transporte público. En ese momento les embargó bienes a cada uno por 600.000 pesos, aunque luego la justicia bahiense redujo la cifra a 100.000.

¿Cuál fue la presunta maniobra? El Indio, la empresa de colectivos de Osorio, que tenía la concesión del transporte público, recorría con 16 vehículos 613.000 kilómetros semestrales y consumía 50.299 litros de gas oil mensuales. Sin embargo, en las planillas que el municipio remitía a Nación figuraban 20 vehículos, 950.702 kilómetros y 66.700 litros de gas oil.

Los números se habrían inflado para que El Indio cobrara más subsidios a través de dos vías: el Sistema Integrado de Transporte Automotor y un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros recorridos, entre otros ítems. Un subsidio lo cobraba en efectivo y el otro con gas oil a bajo precio. Los funcionarios municipales quedaron involucrados en el ardid porque dieron fe de esos datos falsos a través de las planillas que firmaron y que equivalían a una declaración jurada.