La Fiscal resolvió de este modo dos medidas cautelares de no innovar interpuestas en el Juzgado Correccional 4 en contra de quienes quienes aparecen en los expedientes municipales como los responsables o propietarios de las obras en cuestión.

En el caso del predio delimitado por las calles 10 de octubre, Balbino Zaporta, Lamadrid y Lola Mora, la fiscal González reclamó que el responsables de la obra podría estar incurso del delito de "desobediencia a la autoridad" (artículo 239 del Código Penal), en razón de que se habría procedido al inicio y prosecución clandestina de actividades de construcción.

En idénticos términos, la representante del Ministerio Público fundamentó la medida cautelar en contra de quien aparece como responsable del predio, identificado por los catastros 133.522 y 133.523, en el que se estaría llevando adelante la construcción de un supermercado en la zona Sur de la ciudad, donde antes existía un complejo de canchas de fútbol cinco.

En ambos casos, según González los responsables no sólo no cumplimentaron las normativas habilitantes vigentes, según lo estipulado en el Código de Edificación regulado por la ordenanza 13778, sino que desoyeron las reiteradas intimaciones que, al respecto, giraron las oficinas municipales correspondientes.

Según surge de las actuaciones administrativas realizadas por la Municipalidad de Salta en torno a estos casos, se puede apreciar varias notificaciones realizadas por el municipio a fin de que se detengan las obras en función de no haber presentado el permiso municipal, como tampoco de la documentación técnica.

En vista de ello, y ante la evidente intención de los propietarios de avanzar con las obras sin respetar los trámites habilitantes previos, la municipalidad denunció estos hechos ante la justicia penal, siendo el caso asumido por la fiscal correccional González, quien ahora pidió la paralización de ambas obras por las falencias aludidas por la comuna y por la posible comisión de delito de "desobediencia de autoridad".

"De esta manera, el municipio adoptó una postura más dura en materia de habilitaciones, y terminar con la costumbre de empresarios de avanzar con las obras para después, con el hecho consumado, ponerse al día con los papeles e incluso con el emprendimiento ya en marcha", expresa un parte de la Procuración General.