Por primera vez, la misma Justicia avanza sobre las responsabilidades de la Justicia en el marco del terrorismo de Estado implementado durante la dictadura militar, y en la represión del período constitucional anterior también.

Esto ocurre en la esfera de la Justicia Federal, el fuero que durante la represión ilegal tuvo a cargo las causas de presos políticos o "delitos" vinculados con la denominada "lucha contra la subversión". Fue el actual fiscal federal subrogante, Juan José Baric, en el texto de la ampliación del requerimiento de instrucción que presentó en agosto pasado donde pide la detención y la indagatoria de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (U4 y U13) y de la Policía Federal por su participación en la represión ilegal.

Fabulación jurídica.

En la causa 615/10, que investiga los secuestros y torturas cometidos por el grupo de tareas de la Subzona 14, Baric afirma en relación a la Justicia: "Ante ello, que un juez federal desplegase el manto de su investidura para cubrir la realidad subyacente a través de la fabulación jurídica que significaron gran parte de los expedientes judiciales obrantes como prueba reservada en autos, no confiere un ápice de legitimidad a las detenciones producidas. Máxime cuando del universo de relatos testimoniales recabados se extraen los denominadores comunes de esos encierros -supuestamente a sabiendas del juez, del PEN y en establecimientos penitenciarios nacionales-, a saber: torturas físicas o psicológicas, aislamientos e incomunicación, interrogatorios y amenazas, hacinamiento, privaciones de alimentos o agua, traslados con violencia física y/o psicológica a otros destinos o a sesiones de interrogatorio y tortura, etc".

El fiscal indicó además que los detenidos en la denominada "lucha contra la subversión", eran después colocados en un limbo jurídico y anotados como "a disposición del PEN". Dice Baric: "Esto en lugar de aportar luz sobre la calidad de la detención, no es más que el tácito reconocimiento del oscuro origen de la misma, el que no deberá por ningún motivo ser considerado como un factor en beneficio de quienes convalidaron con su cargo y actuación ese proceder y es en este orden de ideas que solicito sea considerado".

En los 70 democráticos.

La Justicia Federal tuvo, durante los '70 democráticos, sus vaivenes. En 1973 estaba como titular del juzgado José López Urcola, que intervino en noviembre de ese año en la detención de doce militantes de la JP, que pertenecían a Montoneros, que hacían prácticas en el oeste provincial. Vacante ese lugar, se quiso nombrar otro magistrado. El gobernador José Aquiles Regazzoli tenía un postulante, pero en la interna peronista desatada en La Pampa los sindicalistas presionaron en contra del elegido.

Mientras tanto, subrogaba el cargo Walter Lema, secretario del Juzgado. El funcionario reprimió, mientras estuvo como sustituto, con la mayor severidad cualquier caso que pudiera ser sospechado de "subversión" en La Pampa. Por ejemplo, actuó durante la toma de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico en enero de 1975, donde ordenó el desalojo y detención de los docentes y estudiantes que manifestaban contra la intervención de la facultad. E inició una causa por usurpación.

En 1975 se hizo cargo del Juzgado el magistrado Juan de Dios Uncal, llegado de la provincia de Buenos Aires. El juez no fue de la simpatía de los militares. Tuvo un perfil "garantista" de los derechos constitucionales. En algunos casos vinculados con la ley antisubversiva, en los que tuvo intervención, dejó en libertad a los detenidos porque no había pruebas. Tal como debía ser. Uno de esos casos fue el del periodista Juan Carlos Pumilla en febrero de 1976.

El juez cómplice.

Llegado el golpe de Estado en marzo de 1976, Uncal fue arrestado días después por "presunta vinculación con la subversión" y permaneció preso hasta comienzos de junio. También fue detenido y apartado del cargo en abril el fiscal Osvaldo Néstor Vega.

Por supuesto, el abogado Walter Lema, como se preveía, comenzó a subrogar el juzgado el 31 de marzo de 1976. El 21 de mayo, Lema fue electo juez federal titular y quedó en el puesto hasta finalizado el denominado Proceso. Todas las causas de violación a la ley antisubversiva 20840 pasaron por sus manos.

Su actuación convalidó en la práctica el "blanqueo" de los detenidos ilegales por supuesta "subversión" o cuestiones políticas. Los expedientes fueron la consecución jurídica de la represión ilegal por parte de la Subzona 14. Sólo hay que ver el archivo del Juzgado Federal para observar el celo "procesista" hacia cualquier detenido por causas políticas. De hecho, negó el trámite de habeas corpus a familiares de desaparecidos pampeanos, como el caso de Francisca de Knobel, que tuvo dos hijos secuestrados en 1976.

Casos paradigmáticos.

Uno de los casos donde se observa la mano de Lema fue en las detenciones de docentes y vecinos en julio de 1976 en Jacinto Arauz. Allí el juez, después de los secuestros y torturas, procesó a cuatro personas. Y avaló en el expediente 482/76 la "investigación" de la Subzona 14. Decía: "Da una garantía de la seriedad con que se manejó la investigación y que se evaluaron con prudencia los datos obtenidos antes de efectuar los procedimientos". De hecho, nombró al comisario Roberto Constantino, uno de los jefes del grupo de tareas, como instructor de las actuaciones contra los detenidos.

Para dar cuenta de la tónica procesista utilizada por Lema, se lee en el fallo: "(Los detenidos) si bien niegan terminantemente, al ser indagados, su participación en los ilícitos, reconocen todos ellos que en el medio eran todos sindicados como izquierdistas, sin dar razones valederas en sus descargos de los motivos por los cuales se los tenía por tales. No es verosímil lo que afirman de que por simples habladurías de vecinos, comentarios interesados o ignorancia en cuanto a la innovación de técnicas agropecuarias, se pusiera en movimiento todo el aparato informativo de las fuerzas de seguridad llegándose arbitrariamente y sin base alguna a su detención". O sea, eran culpables porque todos los consideraban culpables de "subversión".

Causa contra estudiantes

Otra causa fue contra diez militantes estudiantiles de la Universidad Nacional de La Pampa arrestados en enero de 1977, uno de ellos el actual rector Sergio Baudino.

El fallo dictado por Lema contra los jóvenes, que pasaron meses en la cárcel, fue duramente cuestionado por el procurador federal Jorge Francisco Suter porque la documentación confeccionada para cada declaración no había sido legal. "Parecería -indica Suter- que fuera un sumario instruido por funcionarios anónimos, pudiendo interpretarse ello como una forma velada de eludir responsabilidades por los hechos en consideración, responsabilidades ineludibles que incumben a todos por igual".