El interrogante acerca del papel del fiscal en el juicio contra los ex concejales lasherinos denunciados por cobrar sobresueldos quedó develado. Felipe Seisdedos, considerado un duro por el foro local, anticipó sin vueltas que no acusará a los ex ediles por considerar que el tiempo pasado es suficiente para dar por terminada la persecución de la Justicia sobre los 18 procesados.

Este anuncio ha transformado a la causa en un caso para estudiosos del Derecho Penal puesto que los memoriosos no recuerdan que se haya dado una situación de este tipo alguna vez.

La historia se remonta a1992, cuando los entonces ediles de Las Heras decidieron otorgarse un viático especial por el que no debían rendir cargos. En 1994, la entonces flamante concejal, Patricia Gutiérrez, denunció a sus pares por ese cobro al considerarlo un sobresueldo.

Por esos hechos, el Tribunal de Cuentas solicitó la restitución de lo cobrado; algunos ya cancelaron la deuda y otros están pagando aún, de acuerdo a sendos convenios suscriptos por los procesados con la Fiscalía de Estado.

Se trata de Héctor Quevedo, Susana Morchio, Néstor Márquez, Juan José Magno, José Martín, Agustín Garín, Ángel Grigor, Mario Luna, José Báez, Ramón Ramallo, Bartolomé Viñals, Julio Molina, Eduardo López, Ricardo Castaño, Pedro Basile, Héctor Robledo, Elio Parés y Antonio Pistone. Los ex ediles están procesados por el delito de peculado que, según el Código Penal, es hurto de caudales públicos cometido por quien los administra.

Ayer, el tribunal conformado por Gabriela Urciolo, Julio Carrizo y Lila Vila rechazó el recurso de reposición planteado por el abogado Oscar Dimas Agüero, que ya había sido parcialmente contestado en la primera jornada del debate, realizada el miércoles último. En este recurso se pedía el sobreseimiento de los procesados por vencimiento del plazo razonable de proceso, por el Derecho Constitucional que asiste a los acusados a un juicio rápido.

Después de esto, y atento a lo adelantado la semana pasada por Seisdedos, el abogado Juan Carlos Ruiz solicitó al Tribunal que dictara la absolución de los acusados, teniendo en cuenta que el fiscal es quien acusa y sin acusación no hay posibilidad de sentencia.

"Se ha producido una situación que en la Justicia mendocina es la primera vez que ocurre. Los tribunales han absuelto después de producida la prueba, después de la discusión final y ante el hecho de que el fiscal no acusara. En este caso se ha suscitado en los actos previos, por efecto de un planteo de prescripción al que el fiscal adhirió", explicó Ruiz, para justificar la absolución.

Luego, Seisdedos avanzó en lo que había insinuado sutilmente en la primera jornada del juicio. "Esto es la crónica de una muerte anunciada. No voy a acusar". Después de este anuncio, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a la tarde, cuando deberá responder la solicitud de Ruiz.

En los corrillos judiciales se dice que esta causa es muy especial: los acusados son ex funcionarios públicos, con todo lo que ello implica. En favor del tribunal, se indica que, más allá de que el fiscal acuse o no, quienes mantienen "viva" una causa son los jueces. Y ellos ya han dictaminado, incluso la Suprema Corte provincial.