Firmarían un convenio con la UNSa. para relevar glaciares

Fuentes del Ministerio de Ambiente indicaron que la semana pasada ya se informó al gobernador Juan Manuel Urtubey de la intención de firmar un convenio con las autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), para que se pueda contar con la participación de los especialistas de la casa de altos estudios al momento de hacer el inventario de zonas glaciares y periglaciares en la provincia.

Este inventario estaría en principio enmarcado en el proyecto de Ley que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura, en el cual se sostiene la necesidad de que el inventario se realice en un año.

Por ahora, y según lo indicado por el secretario de Minería de la provincia, Ricardo Salas, y el geólogo, Raúl Seggiaro, en Salta no habría zonas de glaciar o periglaciar y por lo tanto no se afectaría actividad alguna.

Las consultas se hicieron porque frente al proyecto del diputado nacional, Miguel Bonasso, que ya fue sancionado en general como Ley, los empresarios mineros salieron a oponerse y a realizar premoniciones de perjuicios en contra de la actividad que realizan.

A pesar de que se sospecha que Salta no será afectada por la ley que pueda aprobarse a nivel nacional, se planteó la sospecha de que la posición que muestran mineros, legisladores y funcionarios de la provincia tenga que ver más con una actitud lobbista con San Juan, provincia que quedará más afectada con la prohibición de tocar zonas glaciares.

"Nosotros defendemos el Federalismo Ambiental", fue la respuesta que se obtuvo del titular de la cartera de Ambiente, Francisco López Sastre, al indicar que como lo dice la Constitución, los recursos naturales deben estar a cargo de la provincia. "No creo que tengamos que entrar en conflicto" con la Nación, respondió, ante el establecimiento de la nueva normativa nacional, que ahora espera ser aprobada en particular.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia (y quien estará a cargo del inventario), Alfredo Fuertes, sostuvo que si bien la potestad sobre el agua está a cargo de las provincias, esto no implica que no se discuta con otras jurisdicciones con las cuales comparte el recorrido de este recurso.

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