El gobierno municipal resolvió concretar la instalación del servicio de monitoreo en la vía pública al aceptar la oferta realizada por la empresa Global View para la colocación de 120 videocámaras, a un costo de casi 5,9 millones de pesos. La novedad fue dada a conocer ayer por el director del Programa de Protección Ciudadana, César Ventimiglia, quien precisó que la Municipalidad tiene previsto firmar el contrato con la compañía en los próximos días, lo que permitirá que las tareas para la instalación y la puesta en funcionamiento de todo el sistema den comienzo "de inmediato". Asimismo, el funcionario le adelantó a LA CAPITAL que dentro de algunas semanas la comuna pondrá en marcha un nuevo proceso de licitación con el objetivo de incorporar otras 200 unidades. "La meta consiste en disponer de 550 o 600 videocámaras en toda la ciudad dentro de algunos meses", dijo Ventimiglia.

La decisión de concretar la puesta funcionamiento de este nuevo servicio fue adoptada por el Departamento Ejecutivo luego de un prolongado proceso administrativo que incluyó consultas ante el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, además de una renegociación con la empresa, lo que permitió que se ampliara el número de videocámaras a instalar, a casi el doble de lo que estaba previsto en el pliego. "Ante las objeciones que habían realizado concejales de la oposición y otros sectores por el costo que tendría este servicio el intendente Gustavo Pulti prefirió dedicar el tiempo que fuera necesario para despejar cualquier tipo de duda y, en ese marco, se obtuvo una importante mejora de la oferta", le dijo el funcionario a LA CAPITAL.

Es que en rigor, el proceso de contratación dio comienzo hace más de un año con una licitación en la que sólo fue considerada como válida la oferta realizada por Global View, una firma que tiene a su cargo la prestación del servicio en una importante cantidad de localidades de la Provincia. Si bien en su momento el Concejo Deliberante había aprobado la posibilidad de que esta empresa fuera declarada como adjudicataria, el Departamento Ejecutivo prefirió no concretar la medida de inmediato.

La decisión del intendente Gustavo Pulti estuvo motivada por las críticas que hicieron concejales de la oposición sobre el monto del contrato, y en especial, respecto del precio de las videocámaras. Ventimiglia explicó que esas críticas impulsaron al gobierno a realizar consultas ante el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para que precisara si la cotización hecha por Global View era correcta, comparándola con los valores vigentes en otras ciudades.

"Finalmente se determinó que el precio era el que correspondía, más allá de que en este caso es muy difícil realizar comparaciones porque el costo del servicio en cada localidad es distinto a causa de las características topográficas, urbanas y de infraestructura de cada lugar", precisó el funcionario. De todos modos, en paralelo, el Ejecutivo encaró una negociación con la compañía, logrando que por el mismo precio aceptara colocar 120 videocámaras y no 65, como estaba previsto desde un comienzo.

Ubicación de las cámaras

Ventimiglia explicó que los costos del servicio serán financiados con los fondos que recibirá la comuna a través del Programa de Protección Comunitaria creado por el gobierno nacional, que ascenderán a 13,8 millones de pesos. El funcionario recordó que ese dinero se trata de una "segunda remesa" que se agregará a otra suma idéntica que ya había sido aportada en 2009 para que la comuna pudiera hacerse cargo directamente de realizar inversiones en el área de seguridad, como la compra de móviles policiales y la provisión de combustible para tareas de patrullaje.

Por otra parte ayer Ventimiglia precisó que los lugares en los que serán instaladas las videocámaras ya están definidos. "La elección fue hecha por el municipio y las autoridades policiales, con el criterio de controlar los cruces de avenidas, acceso a la ciudad, centros comerciales en los barrios y sectores de la periferia donde existen delitos de manera reiterada", señaló.

El funcionario destacó que el uso de videocámaras en la vía pública "es una herramienta fundamental" para realizar "tareas de prevención" y que, en muchos casos, funciona como un instrumento que ayuda a la aprehensión de quienes cometen delitos. "Por eso existe el objetivo de seguir ampliando este sistema, hasta llegar a contar con 550 o 600 cámaras", sostuvo.

El contrato establece que la empresa deberá instalar las videocámaras, además de proveer el servicio de conexión, software y mantenimiento por un plazo de 36 meses.

Ventimiglia explicó que las imágenes que suministren las videocámaras serán monitoreadas por personal municipal y policial través de pantallas que serán instaladas en el centro de control que será construido en la plazoleta ubicada en avenida Luro y Entre Ríos.

No obstante, hasta que esa obra concluya, la tarea será realizada transitoriamente en otro ámbito del municipio, aclaró.