Sin embargo, nada precisó López sobre lo que había dicho en declaraciones radiales cumpliría: dar a conocer el nombre de la persona que –aseguró en su testimonio mediático- tenían identificada.

La denuncia penal es la IPP 4457/11, que se tramita ante la fiscalía 3 de Dolores.

En el comunicado de prensa –hecho llegar vía mail por Julia Castiglioni, responsable de prensa del diputado Gobbi- se señala lo siguiente:

En función de los hechos que fueran objeto de nuestra comunicación en la presente semana, dónde comprobamos la intrusión o hackeo del correo electrónico de prensa de nuestro candidato a Intendente, y luego de la imprescindible tarea de producción de prueba técnica preliminar más la profusa documental aportada –además de la prueba informativa y testimonial requerida- se procedió el viernes pasado a efectuar la presentación de la denuncia penal en sede judicial.

Recordamos que el pasado día domingo 31 de julio del corriente año, una persona ajena a la dirección de correo electrónico citada, ingresó a ella por medio de un ardid informático, y procedió a enviar un mail a distintos correos electrónicos de personas físicas así como a medios periodísticos y gráficos de Chascomús, remitiendo una publicidad falsa que no se corresponde con la publicidad efectuada por la UDESO.

Particularmente consideramos que se han producido distintas situaciones delictivas: a) se accedió ilegalmente a la cuenta de correo electrónico por persona no autorizada; b) se adulteró un documento privado (publicidad) introduciéndole textos ajenos; y c) se utilizó la cuenta de correo electrónico para enviar la citada publicidad adulterada, ello sin perjuicio de la existencia de otros que pudieran determinarse en virtud de la investigación, y en función de ello radicamos la referida denuncia penal –IPP 4457/11- que tramita por ante la Fiscalía 3 del Departamento Judicial Dolores.

Al margen de una minoritaria interpretación que pretendió tergiversar los objetivos propuestos por nuestra acción, ratificamos que no perseguimos finalidad electoral o secundaria alguna, y siempre repudiamos este tipo de practicas –sean con motivos políticos o que de cualquier manera afecten la materia reservada a la privacidad de las personas-.

En definitiva perseguimos que el hecho o maniobra denunciada debe ser motivo de investigación en sede judicial, toda vez que estos hechos nos permiten colegir –y máxime la coyuntura vigente- que situaciones similares se pudieran producir en "escala", y al margen de los debates o posiciones minoritarias encontradas amerita el ejercicio pleno de nuestros derechos en la búsqueda de su necesario esclarecimiento.