La preadjudicación se conoció ayer merced a la publicación en una vitrina de la DPV del dictamen 21/12 del Consejo Técnico del organismo vial pampeano, un cuerpo integrado por directivos de esa repartición oficial. Este dictamen y su recomendación de adjudicación es el paso previo y necesario para otorgarle la obra de repavimentación a la empresa Jubete.

La licitación lleva el número 06/11 porque su convocatoria original data de principios del año pasado. La que se preadjudicó ahora es la segunda convocatoria. Entre una y otra, la cotización oficial subió en un 36 por ciento. La obra comprende la repavimentación de 45 kilómetros de ruta entre la ciudad de General Pico y el cruce con la ruta 35, e incluye el acceso oeste a la localidad de Trenel. El presupuesto oficial para el segundo llamado fue de 42.794.000 pesos.

Dictamen.

En su dictamen, el Consejo Técnico señaló que el análisis del acta de apertura del segundo sobre de las empresas, y de la planilla comparativa entre las dos propuestas económicas, "surge (...) que la oferta más económica corresponde a la empresa Omar Angel Jubete, con un importe de 45.756.084,65 pesos", un monto que, como dice el dictamen, supera en un 6,92 por ciento el presupuesto oficial actualizado.

La otra empresa que se presentó fue Vial Agro Sociedad Anónima, una firma de Tres Arroyos que cotizó 51.515.480 pesos, muy por encima del presupuesto oficial.

El Consejo también evaluó que "la documentación de Jubete responde a la requisitoria del pliego", consultó la Central de Deudores del Sistema Financiero -una base de datos que maneja el Banco Central de la República Argentina- donde la firma figura en "situación 1", y confirmó la capacidad técnica y de contratación de la empresa.

"Por lo expuesto precedentemente y al considerar que es la propuesta más conveniente, este cuerpo entiende que debe adjudicarse la obra de la referencia a la empresa antes mencionada por el monto que oportunamente ofertó", dice el dictamen 21/12 en su párrafo final. Lo firman cinco integrantes del Consejo Técnico, a su vez directivos de la DPV: el ingeniero Raúl Urra, ingeniero jefe de la repartición; el ingeniero Eduardo Mascaró, a cargo de la Dirección Principal de Construcciones y Recuperación Vial; la contadora María Isabel Herrero, Dirección Principal de Contaduría; el ingeniero Marcelo Da Ronco, Dirección Principal de Conservación, Mantenimiento y Convenio; y el abogado Marco Augusto González, a cargo de la Dirección Principal de Asuntos Legales. La resolución tiene fecha del 6 de marzo.

Desierta.

La preadjudicación llega un año y dos meses después del primer llamado a licitación. Aquella convocatoria se hizo a principios de 2011 y tenía un presupuesto oficial de 29.051.000 pesos. Tres empresas compraron los pliegos para la obra: Jubete, Vial Agro y la UTE entre Lo Bruno Estructuras y Ribeiro -esta UTE también se presentó en el segundo llamado, pero fue eliminada por no cumplir con los requisitos del primer sobre-.

Aquel primer llamado quedó desierto porque, pese a adquirir los pliegos licitatorios, ninguna de las tres firmas presentó propuestas. Unos días después, el titular de la DPV justificó esta falta de ofertas en un exceso de trabajo por parte de las empresas constructoras. "Esta situación no es rara -afirmó Giai el 28 de enero de 2011- porque debido a la gran cantidad de obras que hay, tanto en la provincia como en el país, puede ser que se generen este tipo de situaciones ya que las empresas viales no son muchas, y pueden tener en este momento superada la capacidad de obra y tal vez ese sea uno de los motivos de esta ausencia".

Sospechas.

La explicación oficial no convenció sino que, por el contrario, disparó una serie de sospechas de direccionamiento, máxime cuando se conoció que una funcionaria de la DPV renunció a su cargo en medio de la polémica. La dimitente fue Graciela Wagner, hasta ese momento directora de Estudios y Proyectos, quien se negó a aprobar el pliego por entender que había exigencias desmedidas para la obra, lo que llevaría a una reducción de potenciales oferentes. Wagner fue reemplazada por Virginia Giai, sobrina del titular de la repartición.

La mayor exigencia consistió en que las empresas cotizantes debían contar con un equipo autopropulsor de reciclado de pavimento de 350 HP y acreditar una experiencia en obras de reciclado. Jubete sí podía cumplir con esos requisitos, otras firmas no.

La situación, investigada y denunciada por LA ARENA, dio pie a un pedido de informes por parte de la diputada Claudia Giorgis (Frepam), presentado a principios de este año.