Joaquín de Rosas fue suspendido como fiscal de Estado de la provincia. Así lo decidió hoy el Jury de Enjuiciamiento, que determinó que existen pruebas suficientes para someter a juicio de destitución al cuestionado funcionario por el supuesto beneficio económico que otorgó al grupo Vila-Manzano en la expropiación de un terreno de la reserva de Divisadero Largo.

De Rosas, cuyo salario será reducido a la mitad, tendrá un mes para presentar pruebas a su favor y luego se definirán los términos del juicio de destitución.

La votación finalizó 11 a 8. A favor de la continuidad del juicio votaron todos los legisladores radicales (Luis Petri, Néstor Parés, Juan Carlos Jaliff, Sergio Moralejo y Néstor Guizzardi), el demócrata Aldo Vinci y cinco representantes de la Corte: Herman Salvini, Alejandro Pérez Hualde y los camaristas Gustavo Colotto, Horacio Gianella y Silvina Furlotti.

En contra votaron los legisladores del PJ Mónica Zalazar, Luis Francisco, Andrés Da Rold, Fernando Simón, Silvia Ramos y Germán Gómez. También lo hicieron el demócrata Ernesto Corvalán y el ministro de la Corte de Justicia, Mario Adaro.

Las causas

El Jury que se reunió hoy contó con 19 integrantes de los 21 que lo conforman, ya que hubo dos ausencias: el juez de la Corte, Pedro Llorente (de licencia por enfermedad), y el senador Néstor Márquez. Por 11 votos contra 8, decidió avanzar en la investigación por De Rosas, que fue denunciado por cuatro causas, de las cuáles solo se aceptó una.

La denuncia aceptada fue por favorecer a Dalvian en el pago de indemnizaciones por la expropiación de terrenos de la reserva natural Divisadero Largo. En cambio, se rechazaron las siguientes acusaciones: el contrato que consiguió una firma que estaría ligada a la familia Vila por la administración de las máquinas tragamonedas; por no haber presentado quejas a la Nación para evitar recortes de coparticipación de fondos de las Anses; y por no reclamar regalías petroleras que habrían sido mal liquidadas.

A través de un comunicado oficial, se informó que se "declara procedente la continuación del juicio" en el caso de Divisadero Largo y se "rechaza la acusación formulada respecto a los otros tres hechos".

En la única causa que sigue en pie, se generaron denuncias judiciales de los propietarios de terrenos colindantes con el de Vila, quienes recibieron un precio muy inferior por parte del Estado. También pidió la propia Corte investigar penalmente el rol del fiscal de Estado en ese expediente.