Neuquén > La toma de la Escuela Nº 347 protagonizada por la comunidad educativa concluyó en la madrugada de ayer con una reunión con el secretario de Estado de Educación, Cultura y Deportes, Ernesto Seguel, que se realizó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Las partes firmaron un acta con compromisos y los padres permitieron la salida de los funcionarios.

La tensión en ese establecimiento educativo del oeste de esta ciudad, donde además estaban los padres de los alumnos de las escuelas 311, 348 y del CPEM 69, fue cada vez más intensa con el pasar de las horas. Los padres esperaban que alguna autoridad responsable firme el acta para cubrir las necesidades de seguridad, personal y arreglos edilicios.

El personal de la Comisaría 18 permanecía en la puerta de la institución escolar para intentar frenar la situación. Pero los padres insistieron, a través de llamados telefónicos, con la presencia de varios funcionarios hasta que Seguel los citó alrededor de las 2 de la mañana en el predio de la calle Lanín.

El funcionario confirmó que se contrató personal de seguridad privada para la escuela y que se comunicó con personal del EPAS para concretar los arreglos de falta de agua en la Escuela 311.

"Las tomas no ayudan en nada. Se destrabó la situación y vamos a seguir monitoreando", expresó Seguel, quien además comentó que luego de estar discutiendo con los padres hasta las 4 se enteraron que durante la noche robaron en la Escuela 348.

Dora, una de las madres, comentó que ayer se encontraron en la comisaría con los funcionarios que estuvieron retenidos, quienes querían dejar asentado la denuncia por la situación vivida la noche anterior.

Con respecto a los auxiliares de servicio para el CPEM 69, la directora Patricia Varela confirmó que si bien se había acordado la contratación de tres nuevos, recién podrán comenzar a trabajar el mes próximo por lo que consideró que "volverán los conflictos".

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Pellini, se refirió ayer a esta situación y consideró: "Creo que hay gente que está usando una metodología equivocada. Si bien entendemos que los reclamos pueden ser justos creo que el modo no es ese, cometiendo un delito grave como la privación ilegítima de la libertad".