La difusa información oficial sobre posibles reuniones entre Provincia y municipio para destrabar la construcción de 22 casas industrializadas destinadas a la emergencia social han incrementado la preocupación en sectores sociales vinculados a los ocupantes del barrio Smata.

Tal lo anunciado, finalmente Gustavo Aguilera, administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, no vino a Tandil pero esa visita se realizaría esta semana, de acuerdo a lo que estiman en el Ejecutivo local.

Su presencia en la ciudad es esperada por la necesidad de cerrar pronto la contratación en el marco del concurso de precios para levantar la veintena de viviendas sociales prefabricadas.

A la preocupación del defensor oficial y representante legal de las 13 familias que toman el barrio sindical, Diego Araujo, se sumó ayer el malestar de la asociación “De Corazón Tandilense”, ONG conducida por Stella Maris Cena (Cacha).

La entidad -que también nuclea a Mujeres sin Techo- salió a expresar nuevas críticas al Gobierno del intendente Miguel Lunghi, porque entienden que con los 700.000 pesos enviados por la Provincia, deberían comenzar las obras en forma urgente, y evitar así un posible desalojo en la segunda quincena de noviembre.

Mirta Piqueras, integrantes de la asociación -que por otro lado fuera desautorizada durante el conflicto de Smata por el propio jefe de gabinete, Juan Pablo Frolik- aseguró ayer que esa partida alcanza para costear la “cascara” de la estructora habitacional, en tanto las familias “están dispuestas a poner mano de obra” para concluir los trabajos. Con esto, cuestionaron la estrategia del Ejecutivo, que pretende las casas “llave en mano”, las cuales demandan un mayor precio, y por lo tanto, se requieren más recursos para solventar la totalidad de las viviendas (22) programadas.