De todos modos, a la cifra final de 522 afectados por el famoso Decreto 44 se llega incluyendo la derogación de recategorizaciones, ascensos y reubicaciones de funcionarios, que habían accedido a sus nuevos puestos mediante decisiones administrativas tomadas durante los últimos seis meses del gobierno de Mario Das Neves.

La estrategia marcada por Buzzi es claramente una decisión política, tal como lo marcan algunos ejemplos muy concretos.

Uno de esos ejemplos es el del ex-intendente de Rawson, Adrián López, bendecido por una designación como subsecretario de Derechos Humanos (cargo para el que no tiene ni la idoneidad ni los antecedentes necesarios), a pesar de que muchos de los ingresos al Ministerio de Educación llegaron de su mano, en los días postreros de la gestión Das Neves.

Más de un centenar de esos despedidos tenían sueldos bajísimos, que no será el caso del ex-jefe comunal, ya que se mantiene firme en su nueva ubicación.

Otra permanencia inexplicable es la del titular de Seguridad, Diego Carmona, que no sólo fue un muy mediocre fiscal de Estado; sino que sus méritos para hacerse cargo de la seguridad ciudadana sólo son conocidos por quienes allí lo designaron.