La normativa- En el primer artículo se aprueba el Régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero para los beneficiaros del Sistema de Jubilaciones y Pensiones de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz y el personal de la administración pública provincial de los tres poderes del estado, como así también municipios y entidades autárquicas.

En el artículo segundo enumera las entidades alcanzadas por la Ley, entre las que se encuentran mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley 21.526, etc.

En el punto tercero, se establece que la deducción del pago de obligaciones dinerarias no podrá exceder el 30% del monto de la retribución resultante del previo descuento de las retenciones impuestas. Asimismo, establece que este monto, además no podrá ser inferior al monto equivalente en el salario mínimo, vital y móvil.

Por su parte en el cuarto artículo, y quizás más importante, se fija un límite máximo para el costo de los créditos otorgados a través de la operación de código de descuento a favor de las entidades antes mencionadas. Allí se especifica que el Costo Financiero Total máximo, “no podrá exceder en un 5% adicional a la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina como aplicable a las operaciones de préstamos personales, que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento”.

“Era una usura”- Entrevistado por TiempoSur, Manuel Gómez, integrante de APAP Lista Violeta, indicó que el proyecto de aprobó el 12 de marzo y que ahora falta la promulgación del Poder Ejecutivo.

“Este proyecto tiene su origen en un Decreto nacional de Cristina (Fernández de Kirchner) de diciembre del 2011, donde fija un tope a los intereses financieros de los descuentos por planilla a los pasivos nacionales”, explicó el gremialista.

En momentos en los que estuvo a cargo como Presidente, Amado Boudou ante la operación de la mandataria nacional a comienzos de este año, “saca otro Decreto ampliándolo a los activos nacionales”. Gómez sostuvo que tras un largo peregrinar enviando notas al Gobernador y al Vice, logró que uno de los diputados se hiciera eco del proyecto y lo elevara al recinto para su aprobación.

“Nosotros planteamos la adhesión de la provincia a estos decretos nacionales” dijo y añadió que ya existía un antecedente con la decisión tomada por la provincia de Santa Fé.

“Los intereses que aplicaban algunos prestamistas como bancos y financieras, representan una usura para el trabajador activo y pasivo, con casos que iban hasta el 130% anual”, manifestó Gómez entre otras cosas.