El desequilibrio fiscal, pese a haber concluido un año de recaudación récord, disparó el tiempo de la "sintonía fina" en todo el país y, a la hora del ajuste, el foco ha estado puesto en los agentes estatales.

La reciente refinanciación de pasivos que acordó la Nación con 17 gobernadores incluyó la obligación para provincias y municipios de informar a la Casa Rosada, antes de que concluya el mes próximo, la cantidad de empleados que conforman sus respectivas plantas públicas.

Si a ello se agrega que ya se escuchan reclamos de aumentos salariales no menores al 20%, y que la sequía amenaza los ingresos de varias economías regionales, el apuro por aplicar el recorte es mayor para los encargados de las cuentas provinciales, aunque la medida tenga un alto costo político, como quedó evidenciado con el cisma en el gobierno de Santa Cruz.

La fiesta terminó y es tiempo de pagar la cuenta. Pero los fondos no alcanzan y el clima social se calienta.