José Luis Jacobo.Una sociedad integrada comunicacionalmente a niveles nunca conocidos, literalmente globalizada por la conectividad tecnológica en todas sus plataformas. La sociedad contemporánea definió a este estadio de la humanidad como el de “la sociedad del conocimiento”, término acuñado por Peter Drucker, amplificado y autoadjudicado por la UNESCO.
Esta sociedad del conocimiento, por supuesto, tiene claroscuros. La tecnología también sirve para difundir falsías, supercherías y crear nuevos fetiches. Un cóctel de ello hay en la ordenanza 18.740, redactada por la organización autodefinida como ecologista BIOS, cuyo actor público más visible es Silvana Buján.
BIOS, que presume de actuar “desarrollando campañas, promoviendo legislación y generando material pedagógico y de prensa en cuanto a los químicos peligrosos, agrotóxicos y modelo rural, salud y ambiente, problemática de la incineración y respeto a la diversidad biológica y cultural”, ha obtenido su más rotundo éxito en esta legislación que votaron 24 concejales a mano alzada sin entender nada de nada, y luego promulgó un Ejecutivo irresponsable, sin atender a ninguna razón lógica.
Se trata de una legislación que en tres años Pulti no reglamentó, pero que ha colocado a toda la producción frutihortícola del partido en un alerta que, al momento de escribir estas líneas, no ha cesado. La mala faena que llevó adelante el Ejecutivo la pasada semana, cuando deformó una solicitud del sector para ocupar la banca 25 en una “asamblea abierta”, exacerbó los ánimos de un rubro que genera riqueza, produciendo el 50% de las frutas y hortalizas que se consumen en el país, y es responsable también del 50% del kiwi que Argentina exporta.
Los grupos activistas que se presentan bajo los rótulos de “paren de fumigarnos”, o que acuñan con éxito mediático términos como “agrotóxicos” arguyendo situaciones sanitarias que no han sido determinadas clínicamente como consecuencia excluyente del uso de químicos, son en definitiva una fuerza de choque que, bajo paradigmas no comprobables, diluyen la responsabilidad política de concejales y del actual Ejecutivo municipal en decisiones que afectan a toda la sociedad.
Mar del Plata ya padeció la inacción de la comuna con los 140 días de paro del puerto, dejando accionar a sus anchas a bandas de mafiosos que perpetraron delitos a placer sin mácula alguna, y ahora se suma la violencia ejercida por quienes incendian los frutillares con absoluta impunidad. En toda acción en la ciudad hay violencia, soportada y consentida por el intendente Gustavo Arnaldo Pulti. Son sus compañeros de ruta los que siempre aparecen ejerciendo violencia. Física o discursiva.
La situación es grave, gravísima, no sólo porque hoy es inminente que esto lleve a otra parálisis en la provisión de frutas y verduras, sino porque no sería fácil de enmendar el daño, dada la naturaleza del conflicto. El fetichismo anti productivo, que transforma la tecnología en “el” enemigo, tiene en esta comunidad feroces expresiones, capaces, como dice el productor Juan Pingel, de llevar adelante prácticas terroristas, tal como demostró el grupo que actuó coordinada y eficazmente pasando por el fuego las instalaciones de la empresa “El Frutillar”. Claro que sobre esa acción vandálica no se escuchó una sola palabra de repudio ni por parte del Intendente, ni de sus funcionarios, u otro actor político, a excepción hecha del concejal Hernán Alcolea.


Comentá la nota