El intendente Carlos Mauricio Espínola, alias Camau quedó habilitado para aplicar el tarifazo del 35 por ciento en el boleto del transporte urbano de pasajeros, es decir, que podrá elevar de 2 a 2,70 pesos el costo del pasaje y cumplir así con la pretención de los empresarios. Esto es así porque el juez Civil y Comercial Nº 13, Alberto Alarcón, dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación del incremento de 70 centavos, aunque los usuarios y dirigentes que habían demandado confirmaron a La República que presentarán una apelación y un pedido de juicio político.

En su parte resolutiva, la medida dictada por el juez ordena “la suspensión en sus efectos de lo ordenado por autos Nº 08 del 18 de mayo de 2012 y Nº 10 del 24 de mayo de 2012 respectivamente, durante la sustanciación del presente proceso, disponiendo la aplicación de la Ordenanza Nº 5658/12 a efectos de garantizar la regular prestación del servicio de transporte público de pasajeros”.

Una vez iniciado el período ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante, los empresarios del transporte urbano solicitaron a Espínola que los acompañara en el pedido de una suba tarifaria y el intendente envió de inmediato la solicitud. Ignorando la firma de 2.500 vecinos, el oficialismo aprobó el requerimiento, sin convocar a una audiencia pública, como lo establece el artículo 226º de la Constitución provincial.

La presentación la realizó un particular, patrocinado por Darío Sánchez, representante de la Coalición Cívica. El amparista fue Nicolás Podestá, uno de los usuarios del transporte urbano que firmó el petitorio por una audiencia pública y sintió vulnerados sus derechos constitucionales.

Pese a las irregularidades que se denunciaron, Alarcón habilitó a la Municipalidad para continuar con el proceso y aplicar el tercer aumento del boleto en lo que va de la actual gestión. La medida implica una suba del 35% en el valor del servicio de transporte urbano de pasajeros.

Si bien reciben cifras millonarias para garantizar el salario de los choferes de colectivos y el gasoil, tras conocer la medida cautelar del juez en lo Civil y Comercial Nº12, Pablo Martín Teler Reyes –que suspendió la aplicación del boleto a falta de audiencia pública–, las empresas anunciaron la restricción del servicio y la suspensión de 150 trabajadores. A la medida empresarial de presión a la Justicia se sumó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con permanentes amenazas de paro en el servicio.

La ayuda del Estado nacional para las empresas crecieron un 110 por ciento desde diciembre de 2009 a la actualidad. En el mismo tiempo, el intendente aplicó tres subas que elevaron el costo del pasaje en un 68,7 por ciento.