El diputado por el Pueblo de Puerto Deseado se transforma así en el segundo legislador, luego que Contreras hiciera lo propio con la ex Barillari. Pretende expropiar el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles de la empresa pesquera Vieira. Será manejada por el Gobierno con participación de trabajadores.
Cabe acotar que al cierre de Conarpesa en Caleta Olivia con un saldo de 89 trabajadores despedidos se le sumó hace poco el cierre de Vieira en Puerto Deseado con un número mucho más grande que el anterior en cuanto a despidos, con el agravante que no sólo es personal de planta sino también de la marinería. En este cuadro de situación es que Peralta se reunió con el ministro de la Producción, Rafael Gilmartin, quien al término de la reunión indicó que “nos preocupa muchísimo, principalmente, el caso de la empresa Vieira, que ya sabemos que está preparando el concurso de acreedores. De hecho, creo que llegó el presidente de la firma, Eduardo Vieira, para arreglar unos asuntos”. Dijo que “queremos que algún otro actor, sin mencionar puntualmente a nadie, tome el control de la planta y los barcos para dar continuidad a la explotación del recurso y, con ello, a los puestos laborales”.
El ministro expresó que “los trabajadores están esperando que el gobierno provincial tome una decisión firme para que ellos conserven su puesto de trabajo y los derechos adquiridos”.
La expropiación
Según consta en el proyecto al que tuvo acceso La Opinión Austral, se pretende si es que los diputados lo aprueban, se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley Provincial 21, “el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles que comprenden la Planta de Procesamiento de Productos de Mar y los Buques Pesqueros Matrículas Nº 0370, 02233, 02323, 0179, 0240, 02568, 02563 y la totalidad de los bienes útiles tales como maquinarias, mobiliarios e insumos existentes”. Afirma que es “a fin de propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz”.
El mencionado proyecto facultaría al Poder Ejecutivo Provincial para que a través de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias se realice un inventario, individualización y tasación de los bienes muebles que se describen en el Artículo 1º de la presente ley, a fin de evaluar la productividad y el estado de los mismos en relación a la explotación del bien sujeto a expropiación.
También se lo autoriza en su artículo 3º a conformar una Comisión “Ad-hoc” y “Ad-honorem” integrada con los trabajadores, organizaciones prestatarias de servicios de la Planta sujeta a expropiación, Municipalidad de la ciudad de Puerto Deseado, y Poder Ejecutivo Provincial a través de las áreas competentes a fin de concretar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines dispuestos por la presente ley. Se le posibilita además “realizar los contratos, convenios y concesiones, pudiendo contemplar la participación de los trabajadores organizados para la correcta explotación de la planta en miras a la concreción del desarrollo productivo y social de la misma”.
Indica que en el plazo de los 30 días de promulgada la ley el Poder Ejecutivo iniciará los trámites pertinentes para el proceso expropiatorio.
Fundamentos
La crisis por la que atraviesa el sector y la presunta responsabilidad directa de los empresarios pesqueros con asiento en Puerto Deseado son los fundamentos básicos a que se refiere el legislador, por lo que Fernández asevera que “la responsabilidad social hace mucho tiempo que está ausente en las autoridades, quienes poseen a la luz de la realidad un manejo ambiguo de esta empresa pesquera: sus ventas siempre son bien efectuadas, pero reprueban de manera permanente en el manejo de las políticas públicas en las ciudades en las cuales se encuentran”.
Manifiesta que “no podemos continuar con la incertidumbre anual. La sociedad santacruceña merece dignidad y respeto”, en tanto que “esta manifiesta irresponsabilidad empresaria demuestra cabalmente que cada año que pasa, se alejan más de los intereses de los deseadenses y del Estado provincial”.
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