“Es un golpe de Estado, es una locura eso”, remarcó Fernández al ser consultado sobre las iniciativas de la oposición para intervenir Santa Cruz por la negativa del gobernador Daniel Peralta a cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenaba reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete reiteró que la decisión del máximo Tribunal es de “imposible cumplimiento”, porque el cargo en el que Sosa exige ser repuesto ya no existe, según afirmaron el último martes legisladores santacruceños.

El funcionario sostuvo que “nadie que esté en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento” y consideró que la movida opositora “es querer pegarle a un mosquito con un misil”.

“Yo no voy a conspirar contra ningún gobierno ni de mi color ni de otros colores por una sentencia de imposible cumplimiento”, advirtió Fernández.

El funcionario acentuó así las críticas del gobernador Peralta y los senadores y diputados oficialistas contra la Corte Suprema y los bloques opositores del Congreso.

Por su parte, Peralta le apuntó directamente al ex procurador de la provincia, al advertir que “no quiere el bronce, quiere la plata”, mientras aguarda la presencia de Néstor Kirchner para respaldar su gestión.

“Cobra 37 mil pesos por mes de jubilación y además tiene una demanda contra el Estado Provincial por 5 millones de pesos”, disparó el gobernador santacruceño en un discurso que pronunció el último miércoles, en el que rechazó que la provincia pueda ser intervenida por su negativa a volver a nombrar en el cargo a Sosa.

La polémica se desató el martes, cuando la Corte denunció penalmente al gobernador santacruceño, Daniel Peralta, por incumplir con dos pedidos de ese tribunal para reincorporar a Sosa en su cargo de procurador general y sugirió la intervención del Congreso para instrumentar el fallo.

Haciéndose eco del pedido, los bloques de la UCR, el GEN, el PRO y el Peronismo Federal presentaron proyectos en la Cámara de Diputados para intervenir la provincia y avanzar en la reposición de Sosa como procurador general y la remoción de su reemplazante, Claudio Espinoza.

Sin embargo, luego de las distintas presentaciones, la Coalición Cívica convocó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la justicialista disidente Graciela Camaño, para unificar criterios.

Las sentencias son para obedecerlas

“Las decisiones de la Corte tienen que ser obedecidas, no podemos predicar que vivimos en la integridad de un sistema constitucional si nuestro máximo tribunal dicta sentencias que no se ejecutan” destacó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien sostuvo que no se puede predicar la “integridad del sistema constitucional” si la Corte Suprema “dicta sentencias que no se ejecutan” y explicó que la manera de intervenir Santa Cruz es “dictando una ley”.

El titular de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados advirtió que “es un dislate institucional” la postura del Frente para la Victoria, que argumentó que “no se debe cumplir lo de la Corte”, en alusión a la orden que dio al gobernador Daniel Peralta de restituir en su cargo al ex procurador general Eduardo Sosa. Aludió así a las expresiones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que explicó ayer que el actual procurador que ocupa el puesto que tenía Sosa es también “intangible” y que por ello supuestamente no se podía acatar la orden de la Corte.

Sobre el pedido de intervención que realizó ayer la UCR, el jurista insistió en que “hay que tratar de hacerlo tratando de tener la menor interferencia posible sobre la autonomía de la provincia”. Por eso, indicó que “la manera de intervenir es dictando una ley, que remueva al actual agente federal y poniendo en su lugar a Sosa”.

Por su parte, la Convención Nacional de la UCR, que encabeza Hipólito Solari Yrigoyen, aseguró que la negativa del gobernador Peralta “respaldada por las autoridades nacionales”, constituye “una afrenta al sistema republicano de nuestra Constitución, aumentando el deterioro institucional del país”.