Miguel Fernández, sin desacomodarse, pero mostrando cierta inquietud respondió a la pregunta que se le realizó en torno a la denuncia que realizaron concejales de Unidad Ciudadana sobre la deposición de los residuos patogénicos en el basural a cielo abierto que se encuentra a pocos kilómetros de la planta urbana de la ciudad capital del distrito.

El tema se encuentra en la Justicia la que trabaja en la investigación. De esa manera se puso en duda la gestión de Fernández en materia de política ambiental, como también una actitud reñida con la transparencia. La razón de esto último, es que arrojar los residuos en la zona de referencia era avalada por el mandatario comunal. Si bien se asegura que el tema no corresponde al área penal, sino a la administrativa, la denuncia y el accionar político de los concejales Estévez y Crowder, especialmente, está en manos del Fiscal Iglesias. Algunos especulan que en los próximos días saldrá de ese terreno, para ingresar al que realmente corresponde.

Fernández dijo en las emisoras que el municipio invirtió más de 200 mil dólares en la adquisición de un horno para utilizar en la eliminación de los residuos y que “me hago responsable de las cosas que tenga que hacerme cargo”. “Conocemos el tema de la eliminación de los residuos patogénicos desde el principio, porque desde el 2oo8 que los hornos pierolíticos no están autorizados y algunos lo saben bien”, apuntó. Con respecto al horno adquirido por su administración explicó la inversión realizada en el galpón donde será hospedado para su funcionamiento.

“Es secundario y periférico, pero detrás de la denuncia hay una buena dosis de cinismo e hipocresía”, dijo en otro tramo, indicando que “la situación actual nos está costando 400 mil pesos mensuales, ya que la tarea de llevar a procesar los residuos patogénicos es llevada a cabo por una empresa multinacional con asiento en Lanús, a la que nos opusimos para su funcionamiento durante muchos años. Este monto sin sumar lo que deben abonar los privados. Esto debe hacerse porque la provincia clausuró a través del OPDS el único horno que estaba en funcionamiento”, agregó.

“Si me llama la Justicia iré a declarar como corresponde. Tengo la conciencia tranquila y me haré cargo de lo que a mi concierne”, expuso.

“Vamos a resolver el tema como corresponde, de acuerdo a la Ley”, enfatizó.