Los puesteros de la Feria de Obligado volvieron a movilizarse ayer contra la reciente ordenanza que regula la venta en la calle y anticiparon la presentación de medidas judiciales para frenar la aplicación de la norma. “Nos estamos asesorando con abogados y, a medida que ellos quieran levantar un puesto, vamos a ir haciendo presentaciones en la Justicia, seguramente con recursos de amparo”, anunció Ángel Giacovellio, uno de los delegados del grupo.

Luego de marchar por el centro de la ciudad, los feriantes presentaron una demanda en la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y gestionaron una entrevista para esta tarde con el obispo Virginio Bressanelli, a través de la Pastoral Social.

Giacovellio anticipó que no descartarán ninguna medida para “resistir el traspaso”, porque consideran “que el intendente está actuando con incoherencia y eso deja ver que acá hay intención política de eliminar la feria, tal como lo vienen pidiendo desde la Cámara de Comercio hace una década”.

Entre los argumentos para oponerse a la mudanza, destacó que el nuevo predio que les asigna el municipio cuenta con espacio para 300 puestos, pese a que quienes venden hoy en Vuelta de Obligado son alrededor de 900 personas. “Son 300 lugares nomás porque son 300 los puestos que tienen ahí los Veteranos de Malvinas para estacionamiento; así que la cuenta es simple, esto es como meter un elefante en un Fiat 600”, graficó el delegado.

Posición

Señaló también que se niegan a la prohibición de vender Cd's o Dvd's debido a que “es una facultad de la justicia federal y ni siquiera ellos intervienen porque, cuando nos incautaron mercaderías en los puestos, después los jueces la devolvieron planteando que no configura delito”. Remarcó que, así como el Ejecutivo vetó recientemente la ordenanza que suprimía el pago con posnet en el casino por exceder a sus facultades, “tendría que actuar de la misma manera con los feriantes, salvo que busque marcar una incoherencia según el nivel social”.

Beatriz Antillanca, otra de las delegadas, acusó al gobierno municipal de buscar “el conflicto social” y señaló que la ordenanza de traslado afecta de manera indirecta a todas las ferias callejeras de la ciudad, por lo que no cesarán en el reclamo. “Acá hay familias de escasos recursos tratando de ganarse la vida dignamente; no somos 20 locos”, sostuvo.