La entidad, en un comunicado firmado por su presidente Abel Fleming, sostiene que “la pretendida inconstitucionalidad del nombramiento de los ministros del STJ queda desmentida por el proyecto de ley, impulsado por el propio Ejecutivo provincial en febrero de 2010”, ya que “denuncia por sí mismo la inexistencia de un mecanismo previo en el funcionamiento y la consecuente imposibilidad de violentarlo o ignorarlo”. No obstante, invitó a construir instrumentos que mejoren la calidad y el desempeño de las instituciones del Poder Judicial y garanticen la independencia de los jueces.
En un comunicado de prensa la Federación Argentina de la Magistratura expresó hoy su “mayor preocupación por las acciones con las que el Poder Ejecutivo del Chaco pretende remover a tres ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial”.
A raíz de la presentación del fiscal de Estado subrogante, que presentó el pedido de inconstitucionalidad en la designación de Rolando Toledo y el anuncio de las presentaciones, la semana próxima, de pedidos similares respecto de los jueces Ramón Avalos y Ricardo Franco.
“La pretendida inconstitucionalidad del nombramiento de los ministros del STJ queda desmentida por la presentación del proyecto de ley, impulsado ante la Legislatura en febrero de 2010 por el propio Ejecutivo provincial, que persigue la reglamentación del mecanismo de designación de jueces del STJ, del Procurador General y del Procurador Adjunto a través de un concurso de antecedentes y oposición. Ese proyecto del Poder Ejecutivo denuncia por sí mismo la inexistencia de un mecanismo previo en funcionamiento y la consecuente imposibilidad de violentarlo o ignorarlo”, señala el comunicado firmado por el presidente de la entidad Abel Fleming.
Y concluye: “La Federación Argentina de la Magistratura invita a los tres poderes del estado de la provincia del Chaco a trabajar juntos en la construcción de los instrumentos que mejoren la calidad y el desempeño de las instituciones del Poder Judicial, garanticen la independencia de los jueces y, con ello, la protección de los derechos de los ciudadanos”.

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