Casi al mismo tiempo que los gobernadores de Santiago del Estero y de Tucumán, rubricaron un acuerdo de "no agresión", el juez Federal de la vecina provincia, Guillermo Molinari (foto), habría fijado fecha de indagatoria para más de una docena de altos directivos de distintas empresas que violaron las normas que protegen el medio ambiente. La medida alcanzaría además, al actual secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán.
El acuerdo al que arribaron la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Tucumán y Santiago del Estero, se enmarca en el objetivo común de lograr una solución pacifica y consensuada a la cuestión ecológica que implica la protección del ecosistema Cuenca Salí Dulce, como también promover el monitoreo continuo del desarrollo productivo local, en especial, los ingenios tucumanos y el vuelco de desechos de caña de azúcar.
“Vamos a ser inflexibles con los ingenios que vuelquen sus desechos a la Cuenca y desde la Secretaría de Ambiente vamos a disponer el control y monitoreo permanente de dichas industrias”, aseguró el funcionario nacional, Juan José Mussi.
Cabe destacar el compromiso y voluntad que asumen los mandatarios provinciales para hallar una solución política consensuada para alcanzar la remediación ambiental del curso hídrico que comparten ambas jurisdicciones, como así también, destacar la predisposición del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para facilitar el accionar de la Secretaría de Ambiente.
Sin embargo, en las últimas horas del viernes, cuando todos los funcionarios judiciales despedían el año viejo, recibieron la novedad: el juez Molinari accedió al pedido del fiscal Pedro Simón, y de ese modo, funcionario y empresarios tucumanos serán indagados por la Justicia entre el 14 y 15 de febrero. La causa estaría relacionada con la investigación iniciada en 2010 ante la aparición de cientos de peces en las aguas del dique El Frontal, en Termas de Río Hondo y los delitos que se le imputaría a los responsables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, están previstas en los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051 - Régimen de Desechos Peligrosos, que contempla una pena de 10 a 25 años de prisión de comprobarse la muerte de alguna persona.
En caso de confirmarse esta versión, a partir de numerosas pruebas recolectadas como tomas de muestras, el juez Molinari podría imputar a los azucareros tucumanos por los delitos de contaminación. Ellos serían los responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco.


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