"Ha sido una reunión muy buena y quedó en claro que hay que respetar lo firmado. Me encontré con industriales que se han dado cuenta de que es la última oportunidad; esto es tolerancia cero, ya no hay más tolerancia", señaló hace menos de un mes el secretario de Desarrollo y Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.

Se refería al acuerdo que, finalmente, celebraron las provincias de Tucumán y Santiago del Estero por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce debido a ingenios del "jardín de la República", una situación que motivó las denuncias ante distintos organismos de competencia federal de parte de las autoridades santiagueñas.

Pero a pesar del compromiso de parte de los empresarios, quienes aseguraron que este año implementarán de lleno el plan "Vinaza Cero", la Justicia sigue su marcha en la causa que investiga los daños provocados tanto a la flora y fauna como a los habitantes que viven en torno al embalse Río Hondo. De ese modo, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, tomará declaración indagatoria a 13 empresarios el próximo lunes 13 de febrero.

Entre los citados por el magistrado también se encuentra un miembro del gabinete del gobierno de Tucumán: el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.

En tanto, los empresarios que deberán presentarse son: Jorge Rocchia Ferro (Los Balcanes), Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), Roberto Mario Ortiz (San Juan), Luis Lorenzo Pardo (Citromax), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Mario Menéndez (Litoral Citrus), José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA), Fernando José Terán (Santa Bárbara) y tres directivos de la papelera, Papel de Tucumán.

De esta forma, el magistrado aceptó el pedido solicitado en torno a las declaraciones indagatorias realizado por el fiscal federal santiagueño, Pedro Simón. Así también se busca determinar en qué delitos contemplados por la Ley de Residuos Peligrosos incurrieron los empresarios.

Fuentes judiciales informaron a medios locales de Santiago del Estero que la citación a Montalván responde a que omitió "el control de la normativa ambiental nacional y de la provincia de Tucumán que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental que se investigan en la presente instrucción”.

En este orden la fiscalía entendió que a Montalván le cabe “la responsabilidad penal que les cabría a las autoridades encargadas de ejercer los controles pertinentes tanto en función del poder de policía cuanto como partes del convenio suscrito por Nación, Provincias y titulares de empresas involucradas”.